El Poder Judicial rechazó la tutela de derechos formulada por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la que solicitaba acceder a la carpeta reservada del congresista cuya identidad es protegida bajo el seudónimo de ‘agente Roberto’. Así lo determinó el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, al declarar infundado el recurso de la extitular del Ministerio Público.
“Declarar infundada la solicitud de tutela de derechos presentada el 01 de febrero de 2024, por la defensa de la señora Liz Patricia Benavides Vargas, interpuesta en la investigación que se le sigue por el presunto delito de organización Criminal y otros, en agravio del Estado”, se lee en la resolución.
La defensa de la exfiscal de la Nación requería, específicamente, la disposición fiscal que autorizó el nombramiento de un parlamentario como un agente especial y la resolución del Poder Judicial que confirma la actuación del legislador. Ello con el objetivo de, afirman, conocer los objetivos y acciones que este debía realizar, sin que se les revele la identidad del congresista.
Benavides, a través de sus abogados, busca cuestionar la actuación del ‘agente Roberto’ en un chat en el que, según la defensa, habría incitado al exasesor Jaime Villanueva “para cometer un ilícito penal, en cuanto a la elección del Defensor del Pueblo”.
“(El ‘agente Roberto’) Le pregunta: ‘¿Cuál (candidato a defensor) prefieren?’. Y Villanueva contesta: ‘No tenemos ninguna posición, ¿cuál les parece a ustedes? (...) Este agente especial tenía como objetivo ponerle una trampa al señor Villanueva, ¿cuál era el objetivo de este agente especial que se había señalado o requerido mediante disposición fiscal?”, cuestionó el abogado Juan Peña en la audiencia.
Además, la defensa de Benavides sostiene que el artículo 341 del Código Procesal Penal establece que una copia de la disposición fiscal que autoriza la actuación de agente especial tenía que haber sido enviada a quien ocupa en ese momento el cargo de fiscal de la Nación, es decir a la misma Patricia Benavides, quien estaba involucrada. Consideran que, si no se habría cumplido el procedimiento, “generaría nulidad”.
Cabe precisar que la obligación de que el fiscal remita una copia de la disposición fiscal al fiscal de la Nación fue eliminada con el Decreto Legislativo 1611, publicado el 21 de diciembre de 2023.
Delia Espinoza responde
La fiscal suprema Delia Espinoza, de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, dejó en claro que su despacho no tiene a su cargo el proceso especial del ‘agente Roberto’, sino el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP).
Además, indicó que ha solicitado al equipo especial que lidera Marita Barreto toda la información que tenga sobre el ‘agente Roberto’, pero esta aún no ha sido remitida.
La decisión de Checkley
El juez supremo Juan Carlos Checkley corroboró que, en efecto, la Fiscalía Suprema de Delia Espinoza no cuenta con documentación relacionada al ‘agente Roberto’, por lo que “en modo alguno se restringe el derecho de la investigada Benavides Vargas o de sus abogados defensores”.
“No se advierte que la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos haya inobservado alguna de las disposiciones normativas invocadas o afectado algún derecho de la investigada Benavides Vargas, puesto que, como se indica, la citada fiscalía suprema no cuenta con la información y/o documentación requerida, por lo que no puede ampararse la solicitud de tutela de derechos planteada en su contra”, concluyó Checkley.
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