El Ministerio del Ambiente (Minam) ha lanzado una controversial propuesta que busca reorganizar las áreas ricas en carbono dentro de la selva amazónica, poniendo en riesgo, según expertos, la conservación de cerca de un millón de hectáreas.
La propuesta liderada por la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación (DGCCD) del Minam, a cargo de la abogada Milagros Sandoval, sugiere la implementación de una nueva metodología para calcular el potencial de los créditos de carbono en áreas específicas.
Sin embargo, de acuerdo a un informe de Inforegión, este cambio podría significar la reducción de ingresos para miles de productores forestales que actualmente se benefician de la reducción de emisiones de carbono, puesto que el desarrollo de estos proyectos, ahora sería por cuotas.
Además, la actualización en la metodología genera preocupación por subestimar el riesgo de deforestación en la Amazonía, especialmente frente a actividades económicas ilegales, como la minería y tala ilegal. Pero, ¿cómo funciona el complejo mercado de carbono en el Perú?
¿Cómo opera mercado de carbono en el país?
En Perú, el mercado de carbono opera de manera voluntaria y está enfocado en la protección de los bosques a través de iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal).
Mediante este mecanismo se busca compensar económicamente los esfuerzos por conservar los bosques, contrarrestando así las emisiones de dióxido de carbono (CO2) generadas tanto por empresas como por otros grupos.
Con ello, se propone no solo salvaguardar la biodiversidad, sino también luchar contra el avance de la crisis climática mediante la reducción de gases de efecto invernadero.
¿Por qué se llaman bonos de carbono?
En esa línea, los bonos de carbono —conocidos también como créditos de carbono— financian específicamente la preservación de las áreas forestales.
Estos créditos, valorados a 10 dólares por tonelada de CO2 no emitido, se calculan en base a criterios internacionales que aseguran su legitimidad.
Por ejemplo, una hectárea de bosque protegido puede representar aproximadamente 500 bonos, lo que se traduce en una fuente importante de ingresos para las comunidades locales e indígenas, así como entidades que participan en estos programas.
No obstante, la propuesta del Minam podría disminuir drásticamente el valor de los proyectos en curso.
Pues, según Inforegión, aunque la propuesta del Minam busca asegurar que se reparta equitativamente los beneficios económicos obtenidos de las reducciones de emisiones de carbono, la iniciativa de la cartera disminuiría la cantidad de créditos de bonos en algunos proyectos hasta en un 85 o 90%.
En ese sentido, para evitar esta situación, es importante crear una estrategia que permita acceder a las empresas, el Estado y los pueblos indígenas a mercados de carbono con mejores precios y, bajo un marco nacional, lograr una mejor integración de los proyectos REDD+, que considere las diferencias de cada sector.
Esto sin comprometer la viabilidad económica de estos y las acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional.
Sobre ello, Jorge Torres, director ejecutivo de la empresa Paskay —consultora que impulsa y capacita a comunidades nativas que buscan acceder al financiamiento climático— advierte: “la capacidad de protección es distinta si el área es administrada por una empresa, por el Estado o por una comunidad, porque no tienen los mismos medios para proteger el área. Eso influye en el avance a mayor o menor ritmo de la deforestación”.
“Es importante no subestimar el peligro de la pérdida de bosque. Si esto ocurre, la cantidad de bonos va a ser menor y no va a haber suficientes ingresos para enfrentar las amenazas”, acotó Torres a Inforegión.
Envían carta al Minam expresando preocupaciones
El 8 de marzo, la Asociación Peruana de Carbono (APC) expresó su preocupación a través de una carta dirigida al ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, solicitando una reunión técnica para discutir la propuesta.
En el documento, especifican que la iniciativa del Minam sobre la distribución de los créditos de carbono genera una ola de inquietudes entre los productores forestales de la Amazonía, que ven en riesgo la viabilidad económica de sus operaciones, así como la sostenibilidad de los bosques.
No obstante, hasta ahora, el Minam ha optado por no emitir declaraciones detalladas al respecto, manteniendo reserva sobre el tema.
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