Nueva ley de amnistía sin contrapesos: Instituciones que podrían refrenarla están copadas por el Congreso

Entre la ola de reformas críticas que se han venido realizando en el Congreso de la República desde inicios de año, un proyecto de ley planteado por los legisladores Fernando Rospigliosi y José Cueto, de Fuerza Popular y Renovación Popular respectivamente; podría amenazar el desarrollo de los casos que pesan sobre los altos y bajos mandos militares y funcionarios implicados en delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Alberto Fujimori. Este proyecto ha sido conocido como una nueva “ley de amnistía” y acaba de ser aprobada en la última sesión de la Comisión de Constitución.

El proyecto de ley, al que solo le hace falta llegar a la Comisión de Relaciones Exteriores para ser incluido en el pleno del Congreso y ser sometido a votación; plantea “recomendar” a los jueces a que tomen la calificación complementaria de delitos de lesa humanidad para delitos de esta índole, pero a partir del 2002, año en el que el Perú se suscribió al Estatuto de Roma en el que se reconocían este tipo de delitos ante el sistema internacional de justicia.

Pero lo preocupante en este caso no corresponde con los casos que se hayan visto del 2002 en adelante, sino de fechas previas. El proyecto busca establecer una retroactividad en la norma a fin de que todas las sentencias que hayan comprendido complementariamente este delito sean revocadas. Así lo hizo saber la congresista Patricia Juárez durante la sesión de Constitución el día en el que fue aprobado en dicha comisión.

Lo que la congresista fujimorista buscaba, en hechos simples, era que militares y autoridades que habían sido procesados o se encuentren en juicio por delitos de antes del 2002 que pueden ser comprendidos como “de lesa humanidad” por lo terribles y graves que pueden ser, y que no prescriben por este mismo hecho; pasen a ser eximidos de culpa, siendo liberados.

Todo este plan ya había sido adoptado durante el 2002, cuando, bajo las mismas excusas, Javier Villa Stein intentó iniciar una investigación en contra de las tres magistradas que vieron la sentencia del grupo colina. Entre ellas estaba, la actual magistrada de la JNJ, Inés Tello de Ñecco.

Las excusas de Villa Stein son las mismas que ahora el Congreso busca plantear para eximir las condenas de más de medio centenar de procesados, investigados o sentenciados señalados como responsables de estos crímenes que en la justicia peruana son vistos como hechos de homicidio calificado, secuestro, violación, lesiones graves, violación de derechos básicos (al cuerpo, a la salud, a la vida, etc), homicidio culposo, asociación ilícita, y otros.

Esta problemática ha sido incluso explicada por la abogada Gloria Cano, de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que lleva varios de estos casos de vulneración de derechos humanos durante el periodo de la dictadura Fujimorista ante el Poder Judicial.

En conversación con Infobae Perú, aseveró que la Fiscalía de la Nación no había “acusado en ningún caso por tipos penales el delito de lesa humanidad”. “Lo que ha señalado es los tipos penales que han existido de manera nacional. Lo que sí es correcto afirmar es que estos delitos están enmarcados en un contexto de lesa humanidad. Esto significa que ellos consideran que efectivamente ha habido una sistematicidad de violaciones a los derechos humanos”, aclaró.

Ahora bien, se ha dicho que esta norma podría beneficiar específicamente a militares, sin embargo, esto no es del todo cierto, pues al hablarse de delitos perpetrados que tienen que ver con el homicidio calificado, secuestro, desaparición forzosa o lesiones graves o leves; también se comprende a personajes del Gobierno dictatorial fujimorista que tuvo en sus manos la posibilidad de evitar políticas que pueden contravenir la vulneración de derechos humanos, pero que no lo hicieron.

Maria Ysabel Cedano, abogada del Estudio para la defensa de los derechos de la Mujer (Demus) encargada del caso de las esterilizaciones forzadas, además de representante de la familia de Celia Barrios en el caso contra Perú ante la Corte IDH, detalló la competencia de quiénes podrían ser comprendidos en este beneficio que el Congreso busca impulsar.|

“Un delito de lesa humanidad o una grave violación a los derechos humanos, no significa que solo lo cometen militares o policías. Lo que significa es que hay autoridades de la más alta dirección de un Gobierno que utilizan un aparato organizado de poder, que es el Estado, a través, en este caso, de Defensa, del Interior, de Salud. Para, a través de una férrea cadena de mando, dar órdenes o conocer lo que está pasando y no hacer nada, atacando a una población civil que no está en un conflicto armado o que fue atacado por el solo hecho de ser campesina, indígena, en situación de pobreza y en una determinada región y así ejercer un control”, detalló la abogada también para Infobae Perú.

Aunque expertos en la materia han señalado que la ley ha sido planteada de manera errónea por los legisladores, tal vez por desconocimiento o por viveza, pocas garantías existen de que, en un escenario como el actual, esta ley sea descartada por el pleno.

Así, por ejemplo, lo dejó claro el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, quien representa varios de los casos en los que se detallan delitos concebidos como crímenes de lesa humanidad. “Creo que es altamente probable que esta ley se llegue a dar. En la comisión de Constitución, todas las bancadas han votado a favor. Siendo esta una norma o una ley común y corriente, no necesita ninguna mayoría calificada y, por lo tanto, en el próximo pleno, esta norma puede ser aprobada y no pasa nada”, afirmó en conversación con Infobae Perú.

Asimismo, una vez esta norma sea aprobada en el Legislativo, que ha sido considerada por Cedano como una ley que “contraviene la posición sobre imprescriptibilidad, contraviene toda la doctrina y jurisprudencia de casos de delitos de lesa humanidad”; lo que quedaría sería buscar que el Ejecutivo intente refrenarla. Sin embargo, la misma mandataria, Dina Boluarte, se encuentra envuelta en un escenario similar, en el que, si bien esta norma no la beneficia, podría ser observada para recomendar, desde su gobierno, propuestas que sí lo sean.

El abogado Víctor Álvarez, también de Demus, pero representante de las 9 mujeres víctimas en el caso Manta, también habló con Infobae Perú sobre esta posibilidad, detallando el poco optimista escenario.

“En terminos generales, lo que cabría sería que la presidenta la observe, y si eso pasara (por improbable que sea) no me queda la menor duda de que el Congreso la aprobaría por insistencia. En ese caso, cabría en la aprobación de esta norma, que quienes están facultados para presentarlo, emitan una demanda de inconstitucionalidad contra la ley”; consideró el letrado en entrevista con Infobae Perú.

Teniendo este escenario en mente, cabe preguntarse qué otras vías podrían surgir ante la inminente aprobación de la cuestionada norma.

Para Álvarez, entre las opciones de actores que puedan ejercer una presión puedan presentar esta demanda de inconstitucionalidad están diferentes agentes, varios de ellos, que juegan acorde con el Congreso.

“Entre las opciones estarían el defensor del Pueblo (quien tampoco estaría en condiciones de hacer una cosa así); o el Colegio de Abogados de Lima (CAL), que tiene facultades para presentar demandas de inconstitucionalidad y también podría ser una posibilidad”, afirmó.

Sin embargo, las posibilidades de que se logre un avance importante para refrenarla tampoco auguran una salida provechosa, pues la decisión final sobre esta norma recaería directamente en el Tribunal Constitucional; entidad cuyos magistrados fueron escogidos por el mismo Congreso de la República en medio de un proceso que fue tan cuestionado que incluso tuvo que realizarse dos veces.

“De presentarse una demanda como esta, le toca ver el caso al TC y resolverla. Yo me pregunto seriamente si el Tribunal Constitucional estaría en condiciones de declarar la inconstitucionalidad de una ley de este tipo aprobada por quienes los pusieron ahí. No sé si el TC declararía la inconstitucionalidad de esta norma”, dudó el letrado que defiende a las denunciantes del caso Manta.

Por otro lado otro escenario surge es el planteado por el abogado Carlos Rivera, quien advirtió que quienes en primera línea tienen la posibilidad de refrenar la ley son los mismos jueces, que deberían actuar conforme a lo estipulado en el derecho internacional y hacer uso del control difuso que se les ha otorgado.

“El único detalle de este proyecto es que no es una norma autoejecutable. En el sentido de que, cualquier pedido, sea en un caso que está sentenciado, o sea en un caso que está en trámite, ese pedido tiene que ser a través de algún mecanismo procesal. Probablemente se detalle alguna excepción de prescripción a través de la cual, los abogados de la defensa digan: ‘acaban de promulgar esta norma y pedimos que se apliquen’. Yo creo que ahí van a tener problemas, porque yo no sé si los jueces que han juzgado casos de derechos humanos estén tan animados a decir ‘está bien, que se aplique la ley’”; recalcó Rivera.

No obstante, la opción de que un juez politizado pueda hacer uso de esta norma sí está y podría dejar abierta la puerta para que se tome este camino en los juicios por iniciar o ya iniciados con sentencias posteriores. “De promulgarse la ley, esto va a significar una suerte de palanca de punto de apoyo para los abogados de los militares que van a estar insistiendo por que la norma se aplique y probablemente la estrategia sea: ‘como en el poder judicial no me van a dar la razón, entonces, me voy a presentar un habeas corpus y si lo pierdo, me voy al Tribunal Constitucional’”, consideró el abogado.

En ese mismo sentido opinó Víctor Álvarez del caso Manta, quien explica mejor el tema del control difuso, al que los colegiados del Poder Judicial pueden acceder:

“El primer mecanismo de defensa debería ser que los jueces constitucionales, que están a favor del estado de derecho del estado constitucional, a favor de los derechos humanos, de la justicia, de la verdad, deberían no aplicarla, si la ley es incontitucional, por medio del control de constitucionalidad difuso, que es una facultad de los jueces. En nuestro caso pediríamos a la corte que no la aplique. Pero esto sería en cada caso en particular”.

La posibilidad de un abogado que decida aplicar esta prerrogativa no es extraña, en los 90′s existe un precedente, que es el caso de la jueza Antonia Saquicuray, quien no aplicó la ley de amnistía impulsada por el Congreso en dicha época ciñéndose al control difuso. Es gracias a ella, que se generó una línea de magistrados y magistradas que empezaron a aplicar esta decisión. Pero no todo se dio de manera fácil.

Álvarez recuerda que tras haber aplicado su decisión, la misma jueza sufrió una serie de afrentas por su decisión. En ese mismo sentido, Gloria Cano concibe la posibilidad de que una presión hacia los magistrados podría, evidentemente, significar la posibilidad de condenas que contravengan el sentido de la justicia internacional.

“Si comienzan a remover a los jueces, o comienzan a presionar a los jueces para que den aplicaciones de ley y que no ejerzan su contro de convencionalidad al cual están obligados, puede que los favorezcan”, afirmó la letrada del Caso Caraqueño-Pativilca, por el que Montesinos aceptó su responsabilidad este mismo año.

Para la abogada Gloria Cano las intenciones del Congreso de la República de frustrar los juicios contra personas que habrían cometido estos delitos, pues el Ejecutivo se encuentra obligado a hacerse cargo de este tipo de denuncias. “No hay posibilidades de que el Estado rehúya de su obligación de investigar y de sancionar a los responsables argumentando prescripciones. Eso lo ha señalado la Corte Interamericana siempre. Lo que hacen los jueces al momento de evaluar un caso es ceñirse a que dice la Corte IDH”, afirmó.

Por ello, aseveró que “lo que pretenden los congresistas es limitar u orientar o imponer a los jueces un tipo de evaluación que creo que no van a aceptar”. “Lo que quieren es imponer una norma que contraviene todo tipo de análisis. O sea, el desconocimiento del derecho internacional, sumado a su mala fé al momento de realizar leyes con nombre propio para garantizar la libertad de determinadas personas que se han visto comprometidas. Desde ahí la situación es errada”, consideró.

En tanto, para Rivera Paz la propuesta busca “a través de los abogados de los militares, a buscar que este asunto se operativice. “El único detalle de este proyecto es que no es una norma autoejecutable. En el sentido de que, cualquier pedido, sea en un caso que está sentenciado, o sea en un caso que está en trámite, ese pedido tiene que ser a través de algún mecanismo procesal; y obviamente, dado de que hay varios casos que tienen sentencias de la corte interamericana, eso definitivamente va a generar una nueva línea de litigio internacionalmente”, afirmó.

Por otro lado, para Maria Ysabel Cedano, otro de los motivos por los que el proyecto de ley gozaría de simpatía en el Ejecutivo es que “el Estado va a tener que desembolsar montos a fin de cumplir con las políticas de reparaciones, va a tener que desembolsar presupuesto público para poder implementar esa política de reparaciones, que incluyen las indemnizaciones, las reparaciones en educación, en vivienda, en programas para que puedan tener acceso a oportunidades que les generen ingresos, porque están empobrecidas”.

“Todo esto hace que muchos intereses coincidan en que no debe prosperar un reconocimiento de parte de la justicia de que se trataron de delitos de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. Ese es otro motivo que yo no dudo está influenciando y que precisamente, les va a afectar a todos los que impulsan estas leyes”, aseveró la letrada.

Cedano incluso insistió en que “son al menos 60 mil víctimas las que están registradas en el registro de víctimas para poder acceder al programa de reparación que contempla el plan integral de reparaciones. Todos ellos tienen derecho a buscar verdad y justicia, pero si declaran que los delitos de lesa humanidad que se cometieron antes del 2002 no van a ser considerados como tal, entonces no van a poder tener acceso a la justicia. Teniendo el derecho, no tienen la acción penal para acceder a la justicia. Se les va a quitar eso”.

Por otro lado, el abogado Víctor Álvarez ha afirmado que “con este proyecto de ley, todos se van a su casa, hasta Montesinos. El propio Fujimori, que tiene un proceso en curso ahora mismo por los crímenes cometidos por el macabramente conocido Grupo Colina. Y con una ley de amnistía como la que se está planteando todo eso quedaría olvidado. Nadie hizo nada, y las víctimas van a ver pasar a los verdugos de sus familiares contentos por las calles gracias al Congreso”.