Dina Boluarte y el exdirectivo del club Apurímac que se embolsó más de S/5,5 millones del Estado mediante 12 contratos

La empresa ligada a William Zegarra no contrataba con el Estado desde 2017; sin embargo, con la llegada de Dina Boluarte al poder los beneficios fueron más frecuentes. Una investigación de El Comercio expuso la docena de convenios obtenidos

Dina Boluarte en una fotografía difundia en Facebook

Un exdirectivo del Club Departamental Apurímac, la asociación que Dina Boluarte presidió entre 2017 y 2021, logró embolsarse más de S/5,5 millones del erario público gracias doce contratos que suscribió con entidades del Ejecutivo, según una investigación difundida este domingo por El Comercio.

Se trata de William Zegarra Pantigoso, quien aparece en una fotografía de Facebook junto con la jefa de Estado. De acuerdo con el reportaje, el allegado gerenció la firma Welev Servicios Generales S.R.L., dedicada al servicio de limpieza y venta de productos especializados, y donde sus familiares aparecen como accionistas.

La empresa no contrataba con el Estado desde 2017; sin embargo, desde que Boluarte asumió como vicepresidenta y ministra de Desarrollo, y después como gobernante, fue beneficiada con frecuencia. Solo en 2022, Welev obtuvo seis contratos por S/3′271.920. Entre 2023 y este año, ganó otras seis licitaciones públicas por S/2′265.546 en total, según reportes oficiales.

A detalle

En junio del 2023, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe) otorgó la buena pro a Welev por el servicio de limpieza de su sede central, para el cual se destinó S/329.994. Un mes después, fue contratada en el Proyecto Especial Legado, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), por S/339.984.

La presidenta Dina Boluarte vive en una crisis política debido al escándalo de los Rolex. (Flickr Presidencia)

El 28 de diciembre del 2023, la firma ganó una contratación en el Fondo Mivivienda por S/345.600. En enero del 2024, obtuvo tres contratos con el programa Qali Warma y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), adscrito a la PCM, por S/1′249.968.

De acuerdo con el informe, Welev ganó tres de los doce contratos en consorcio con Ankhrian Representaciones S.A.C., constituida en 2013 por Aníbal Zegarra, hermano del exdirectivo. Esta última compañía, dedicada al servicio de limpieza y al transporte urbano, empezó a ganar contratos estatales en 2022, según registros de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

En marzo de ese año, logró una licitación en el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), del Ministerio de Desarrollo Agrario, por S/282.000. Dos meses después, se adjudicó otro contrato en Qali Warma, por S/297.600. En ambos casos ganó en consorcio con Welev, según el reportaje.

A fines de enero último consiguió otro contrato en Qali Warma, por S/613.968, también en consorcio con Welev, por el servicio de limpieza, mantenimiento y fumigación de las oficinas de la sede central de los referidos programas. En 2023, además, la firma de Aníbal Zegarra, de forma individual, obtuvo una contratación directa en el PSI por S/119.725.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, en una fotografía de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

Sin respuestas

Ninguno de los involucrados fue localizado en sus domicilios ni respondieron al diario al ser contactados. En un reportaje anterior, el exdirectivo del club negó que haya recibido apoyo indebido en sus contratos, aunque reconoció una cercanía con la mandataria.

“[Boluarte] fue a mi matrimonio. También ha ido a nuestra casa para el bautismo de mi hija. [...] Cuando era presidenta del club, hizo una fiesta para recaudar fondos para su campaña [a la alcaldía de Surquillo, en 2018]. Ahí fuimos [a apoyarla]”, dijo entonces.

Por su parte, el área de prensa de Palacio de Gobierno rechazó que Boluarte haya intervenido en las licitaciones: “La señora presidenta [...] no tuvo atribuciones ni participó en ningún proceso de contratación”, mencionó al diario.

La obtención de estos contratos se ha hecho pública en medio de una investigación contra la gobernante por presunto enriquecimiento ilícito, un caso por el que su casa fue registrada el fin de semana por un equipo de fiscales y agentes de la Policía Nacional (PNP).

La operación fue realizada con fines de registro e incautación de los relojes de lujo, incluido Rolex, que Boluarte usó en diferentes actividades públicas sin declararlos como parte de su patrimonio.

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