El Palacio de Gobierno, edificio que se erige en el centro de Lima desde donde el jefe de Estado ejerce las veces de encargado del Poder Ejecutivo, se ha visto maniatado en repetidas oportunidades desde el inicio de este Gobierno en el 2021, en el que la plancha presidencial de Perú Libre, se hizo del sillón presidencial. En un periodo de tres años, el cargo de presidente del Perú ocupado por Pedro Castillo y posteriormente por Dina Boluarte ha generado que se susciten una serie de allanamientos a este histórico recinto. ¿De qué casos se trata?
Como se sabe, pese a que la presidenta Dina Boluarte ha buscado establecer en varias oportunidades que su Gobierno es un periodo distinto al de su antecesor; un hecho que no puede dejar de lado es que llegó al cargo que ostenta gracias a él, lo que acredita su gestión como una continuidad del Gobierno de Pedro Castillo. Tan es así que las actitudes de ambos gobernantes ante las autoridades persecutoras de justicia han generado que el Palacio de Gobierno sea allanado hasta en cuatro oportunidades desde el 2021.
Un periodo de Gobierno 2021-2026 marcado por la corrupción
Todos estos allanamientos están marcados con indicios de presunta corrupción que han generado incidencias respecto a la manera en la que este periodo presidencial maneja el Gobierno.
En noviembre del 2021 se registró por primera vez la presencia de agentes fiscales ante el Palacio de Gobierno, a fin de intervenir la oficina del exsecretario presidencial Bruno Pacheco; quien estaba siendo acusado por tráfico de influencias en el marco del caso ascensos en la PNP.
En dicha intervención, se llegó a encontrar un total de US$20 mil dólares en una de las gavetas del baño de su oficina. Tras el escándalo, e intentos de justificación, Castillo dispuso la salida de Bruno Pacheco, quien pasó a la clandestinidad y posteriormente se entregó solo para revelar la existencia de un gabinete en la sombra y detalles sobre el presunto negociado con el exministro de Defensa Walter Ayala.
Por este mismo caso, el Ministerio Público dispuso un segundo allanamiento, en el que la Fiscalía de la Nación se apersonó a la casa de Pizarro a recoger las cámaras de seguridad con las que se pretendía corroborar quién habría sido la persona que ubicó el sobre con dinero en dicho baño cercano al despacho presidencial.
Una tercera oportunidad se dio en medio del escándalo tras la revelación de la existencia de un entramado de corrupción en la municipalidad de Anguía en Cajamarca; cuando, a raíz de las denuncias, se señaló a la cuñada del exmandatario, Yennifer Paredes, como principal responsable.
En dicha oportunidad y gracias al desarrollo de las investigaciones, efectivos de la Fiscalía de la Nación se apersonaron ante el Palacio de Gobierno a fin de dar con el paradero de Paredes, en cumplimiento de la orden de detención preliminar que pesaba sobre ella.
Allanamiento a domicilios presidenciales
En dicha oportunidad se dispuso el allanamiento de diversos domicilios declarados no solo por paredes sino por el mismo en ese momento presidente Castillo Terrones. Dicha acción recibió el apoyo del Congreso, que aprovechó la posibilidad de impulsar una moción de vacancia. Ahora, ese mismo sector que apoyó, se encuentra en contra de las acciones del Ministerio Público.
Ello, a raíz de la cuarta y última acción de allanamiento de la Fiscalía de la Nación al Palacio de Gobierno; perpetrada el pasado 30 de marzo en contra de la presidenta Dina Boluarte, quien ahora considera estas acciones como un hecho “desmedido y justificado”, cayendo en la victimización y tratando de amedrentar a tres periodistas de diferentes medios, web, impresos, y de televisión; que investigan su gestión.
Como acto culminante de lo afectado que ha quedado el Poder Ejecutivo desde el 2021 hasta la fecha, la jefa de Estado efectuó la tarde de este domingo un evento protocolar, pero esta vez en compañía de los altos mandos del Ejército y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.