Antes de la medianoche del viernes santo, un grupo de fiscales, liderados por el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza, y efectivos de la Policía, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, allanaron la vivienda de la presidenta Dina Boluarte y el Despacho Presidencial para incautar los lujosos relojes Rolex cuya procedencia no ha logrado sustentar. En el caso del inmueble en Surquillo, se tuvo que forzar el ingreso debido a que no se les abría la puerta a las autoridades.
El allanamiento con fines de incautación fue solicitado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y autorizado por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Villena, además de la vivienda ubicada en Surquillo y el Despacho Presidencial, requirió la incautación del vehículo marca Honda de la jefa de Estado.
Checkley, al momento de resolver el pedido de la Fiscalía de la Nación, recuerda que, en una tutela de derechos formulada por Pedro Castillo cuando este estaba en funciones, interpretó que la inmunidad presidencial (artículo 117 de la Constitución) no impedía que un mandatario pueda ser investigado preliminarmente durante su mandato.
“Tal interpretación respecto del artículo 117 de la Constitución Política, en concordancia con sus artículos 99° y 100°, fue reafirmada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificando la posibilidad de poder efectuar una investigación preliminar o diligencias preliminares contra un presidente de la República en funciones”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae Perú.
Los argumentos de Checkley
El juez supremo Juan Carlos Checkley concluye que la Fiscalía ha presentado suficientes datos incriminatorios que vincularían a la presidenta Dina Boluarte con los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos.
“Resultando indispensable que, a fin la Fiscalía cuente con toda la información para el esclarecimiento de los hechos, se disponga el allanamiento, descerraje, registro domiciliario e incautación de los relojes Rolex e información vinculada a los hechos materia de investigación”, determinó el magistrado.
Checkley también consideró que, si no se procede con el allanamiento e incautación de los Rolex, se corre el riesgo de que estos sean “destruidos, extraviados o modificados, junto con otros posibles medios de prueba”.
“La finalidad específica de la medida será la búsqueda de pruebas, procurándose ubicar e incautar los relojes Rolex e información contenida en documentos vinculada con los mismos; de otro lado, teniendo en consideración que se trata no solo de allanamiento y registro domiciliario y vehicular, con el eventual descerraje el tiempo de 48 horas para la duración de la diligencia resulta razonable”, agregó el juez supremo.
Levantamiento del secreto de las comunicaciones
El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, también había solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones en caso durante el allanamiento se incauten equipos tecnológicos como teléfonos, computadoras, laptops, USBs, etc.
Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó dicho extremo debido a que el Ministerio Público no justificó la idoneidad de dicha medida. Recuerda que el objetivo principal de la intervención es incautar los relojes Rolex que tenga en su poder la mandataria.
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