En un reciente operativo en Trujillo, en la región de La Libertad, 23 ciudadanos extranjeros fueron expulsados del país por encontrarse en situación migratoria irregular. La medida fue adoptada por la Superintendencia Nacional de Migraciones al aplicar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE).
Esta acción fue resultado de la operación en conjunta entre la Fiscalía Especializada de Trata de Personas – Ministerio Público, la Policía Nacional del Perú (PNP), y la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran).
Los extranjeros, tras ser detenidos, fueron puestos a disposición de la PNP, que efectuó el retiro del país para ellos. Como parte de la sanción, se les ha prohibido el reingreso al territorio nacional por un periodo de quince años.
Hasta la fecha, la Jefatura Zona Trujillo ha emitido más de 40 órdenes de expulsión y salida obligatoria a extranjeros que han ingresado al país de forma irregular o han incumplido con el Decreto Legislativo N° 1350 – Ley de Migraciones y su reglamento.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, junto con las fuerzas de seguridad y el Ministerio Público, señaló que continuará con operativos de fiscalización en La Libertad, especialmente en Trujillo y Pataz, actualmente en estado de emergencia.
Cabe mencionar que dicha región no es la única que ha tomado esta decisión, la Jefatura Zonal de Tumbes, durante los meses de enero y febrero de este año, sacó un total de 72 resoluciones para expulsar a extranjeros que se encontraban en condición migratoria irregular.
A los sancionados, a quienes se les impuso una prohibición de ingreso al Perú por un lapso de 10 años, se les identificó principalmente como oriundos de Venezuela (65 %), Haití (14 %), Bangladesh (13 %), entre otras nacionalidades que conformaron el 8 % restante.
Extranjeros expulsados
En octubre del año pasado, Eduardo Arana, ministro de Justicia, advirtió, en conferencia ante los medios, que quienes busquen reingresar al país tras ser expulsados por delitos o procedimientos administrativos con Migraciones afrontarán la pena privativa de la libertad.
“Quiero poner énfasis en que uno de estos decretos tiene como propósito escuchar el clamor popular, pero particularmente incide en un aspecto en que la ciudadanía y el gobierno ha tomado nota: la situación de aquellos extranjeros que delinquen, que son detenidos de manera regular, que son expulsados en la frontera y luego regresan a cometer nuevamente delitos”, explicó.
De la misma forma, el titular del Minjus señaló que “este hecho ha sido debidamente identificado, analizado y se ha propuesto la fórmula legal para quienes pretendan regresar porque van a cometer un delito y, al hacerlo, van a ser sujetos de prisión.
“Se va a coordinar, incluso, el proceso de flagrancia porque esto es un delito que automáticamente se va a identificar y se va a tener la información a la mano con Migraciones, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Vamos a acabar inmediatamente con este aparente espacio que tenían los extranjeros de poder reingresar al país”, agregó.
A lo largo 2023, la Superintendencia Nacional de Migraciones anunció que 2.170 extranjeros fueron impedidos de ingresar al país a través de los controles fronterizos en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el principal punto de inspección migratoria en Perú.
De este número, 455 fueron objeto de una minuciosa revisión secundaria después de ser identificados como potenciales riesgos, según el análisis realizado en la sala del Sistema de Información Avanzada de Pasajeros (APIS).
Mediante un comunicado, la institución destacó que el propósito de este sistema es asegurar la evaluación de riesgos para la seguridad nacional y la correcta aplicación de la legislación migratoria. Se ha identificado que la mayoría de las personas no admitidas son originarias de Sudamérica, África y Asia, basado en los reportes de la Superintendencia.
Los principales motivos por los cuales se ha negado la entrada incluyen la ausencia del visado requerido, la presentación de pasaportes que no cumplen con el periodo de validez mínimo de seis meses y la falta de cumplimiento con el perfil de turista esperado para ser admitidos en el país.