La Fiscalía inició una investigación preliminar contra el periodista de investigación y director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, y los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Ello a raíz de las declaraciones del exasesor de la suspendida Patricia Benavides, Jaime Villanueva.
Así lo dispuso el fiscal supremo provisional Alcides Chinchay, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, tomando como punto de partida las declaraciones de Villanueva ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza y la denuncia penal formulada por el militante aprista Luis Miguel Caya. La indagación fue declarada “compleja” y se fijó un plazo de 8 meses.
Como parte de la investigación, Chinchay requirió a los investigados que en un plazo de 5 días proporcionen los números telefónicos que han utilizado entre enero de 2016 hasta abril de 2021. Además, adelantó que se solicitará al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
De concretarse el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Gorriti se estaría frente a un atentado a la libertad de expresión y a la reserva de las fuentes, derechos reconocidos en la Constitución Política del Perú y jurisprudencia nacional y supranacional.
¿Qué investiga la Fiscalía?
Respecto a Gustavo Gorriti se investigan dos hechos: la supuesta intervención del periodista de investigación en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y la supuesta intromisión para que el fiscal Rafael Vela se mantenga frente al Equipo Especial Lava Jato.
Según Jaime Villanueva, Gorriti supuestamente “diseñó” la investigación contra Fujimori Higuchi y otros dirigentes de la cúpula de Fuerza Popular por lavado de activos, organización criminal y otros delitos. Esta afirmación fue desmentida por el portal de IDL-Reporteros.
Asimismo, el exasesor de Patricia Benavides señala que el director de IDL-Reporteros habría intercedido ante Zoraida Ávalos, cuando era fiscal de la Nación, para que no cese a Rafael Vela como coordinador del Equipo Especial Lava Jato. Dicho hecho ha sido negado por la misma extitular del Ministerio Público.
“En mi gestión no tuvo influencia. Acuérdense que yo no fui defendida por el señor Gorriti. Acuérdense de un detalle: ¿se acuerdan de que un fiscal un día hace un operativo bastante aparatoso contra un periodista? Al día siguiente sale el señor Gorriti echándome la culpa a mí de ello. (...) Yo no he tenido comunicación en mi gestión con el señor Gorriti y es falso lo que dice (Jaime Villanueva) que me llamó. Él nunca me llamó para que yo (no) saque al señor Vela. Eso es mentira”, declaró Ávalos a RPP Noticias en febrero de este año.
El fiscal Alcides Chinchay también indagará sobre el supuesto acuerdo entre el abogado de Dina Boluarte, Oscar Nieves, y el fiscal Rafael Vela para que la ahora mandataria no sea incluida en la formalización de la investigación por lavado de activos en la financiación de Perú Libre.
IDL se pronuncia
El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha expresado su preocupación y rechazo ante la investigación fiscal que se ha iniciado contra el periodista Gustavo Gorriti. Se denuncia que esta acción legal representa un ataque contra la prensa y la libertad de expresión, afirmando que beneficia directamente a sectores corruptos que buscan impunidad en delitos de gran calado.
Además, cuestionan que esta investigación tiene lugar en un contexto donde sectores políticos y económicos implicados en corrupción han iniciado campañas de descrédito contra periodistas y fiscales que investigan la corrupción. La institución también ha remarcado que las acusaciones y el proceso investigativo carecen de fundamentos sólidos y violan principios constitucionales y tratados internacionales relativos al ejercicio del periodismo.
El IDL asegura que detrás de estas acciones se encuentra la intención de silenciar y penalizar el trabajo periodístico, especialmente aquel que se dedica a destapar actos de corrupción y crimen organizado. Se destaca, además, que Gorriti está amparado por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido a previos episodios de hostigamiento por su labor periodística.
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