Nuevo embajador ante la OEA estuvo a favor de restituir indulto a Fujimori y desconoció consulta previa de pueblos indígenas

El gobierno peruano ha nombrado a José Luis Sardón de Taboada, exmiembro del Tribunal Constitucional, como el nuevo representante permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Este nombramiento, oficializado mediante la resolución suprema 062-2024-RE firmada por la presidenta Dina Boluarte y el canciller Javier Gonzales Olaechea, fue divulgado en el diario El Peruano el martes 26 de marzo.

Sardón de Taboada, conocido por sus controversiales posiciones en casos destacados durante su tiempo en el Tribunal, ha generado cierto debate en torno a su nombramiento debido a su historial y posturas. Por un lado, resalta su voto a favor de reinstaurar el indulto a Alberto Fujimori, concedido por el expresidente Pedro Pablo Kuckzynski en 2022, y su interpretación en casos de crímenes de lesa humanidad y derechos territoriales.

Por otro, ha manifestado abiertamente su rechazo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), sugiriendo incluso que el Perú debería retirarse del mismo por sentirse “humillado” por el sistema. Este antecedente resulta paradójico al considerar que la OEA es un ente crucial dentro del SIDH, lo que ha levantado críticas sobre la coherencia de su designación para representar al país en dicho foro internacional.

Las implicaciones de tener a una figura como Sardón, quien ha criticado duramente al SIDH, en una posición tan relevante en un organismo que se centra precisamente en la defensa y promoción de los derechos humanos, han llevado a diversas personalidades a expresar su inquietud. El embajador Harold Forsyth, en declaraciones a Epicentro TV, consideró casi irónico que alguien con las posiciones de Sardón pudiera ser el representante de Perú ante la OEA, señalando esto como reflejo de una crisis más amplia.

El nuevo embajador ante la OEA votó, en 2022, en contra de una acción de amparo presentada por las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará. La demanda buscaba anular la concesión minera otorgada en sus territorios, argumentando el derecho a la consulta previa.

Sin embargo, el TC con el voto de Sardón arguyó que este derecho no está reconocido por la Constitución peruana como fundamental, negando de esta manera la protección solicitada por las comunidades.

Este fallo contrasta con las normativas internacionales y precedentes jurisprudenciales en el país, según la Defensoría del Pueblo. La institución recalca que la consulta previa es un derecho consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Perú, y resalta su importancia en el marco de los derechos de los pueblos indígenas.

Adicionalmente, la Defensoría critica la decisión del TC por apartarse de los estándares establecidos en decisiones anteriores y amenazar principios de seguridad jurídica.

El derecho a la consulta previa es parte del ordenamiento jurídico de Perú, alineado con los tratados internacionales de derechos humanos y con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Enfatizó que la decisión del Tribunal Constitucional se opone a lo previamente establecido por el mismo tribunal en casos anteriores, como el Expediente 00022-2009-PI/TC, que reconocía la consulta previa como un derecho fundamental.

En una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, presidida por Alejandro Aguinaga, en 2023, se discutió el retiro del Perú de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el marco de este debate, el ex magistrado del Tribunal Constitucional, Sardón, argumentó que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) presenta fallas fundamentales en su diseño, lo que justificaría la salida del Perú de este sistema.

Durante su exposición, Sardón sostuvo que el SIDH fue concebido de manera equivocada desde sus inicios, situación que ha generado múltiples descontentos para el país. Destacó, entre otros puntos, que el proceso de selección de jueces de la Corte IDH no garantiza la idoneidad y equidad necesarias para la protección de los derechos humanos.

Este argumento reafirma su postura previamente expresada en el programa de televisión Willax, donde cuestionó la fiabilidad del sistema y mostró una preferencia por las decisiones del TC sobre la jurisdicción supranacional. La crítica de Sardón no se limitó al diseño inicial del sistema, sino que también incluyó cuestionamientos a la estructura y financiamiento del mismo, señalando una falta de sometimiento de ciertos países a las decisiones de la comisión.