El Gobierno ha extendido el estado de emergencia en seis distritos ubicados en las provincias de Tambopata y Manu, pertenecientes al departamento de Madre de Dios, con el objetivo principal de combatir las actividades ilícitas tales como la minería ilegal, la tala indiscriminada, el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de migrantes y el contrabando.
Esta prórroga, que tendrá una duración de 60 días y comenzará a regir desde el 1 de abril, fue anunciada a través del decreto supremo 034-2024-PCM y ha sido publicada en la edición de hoy del Diario Oficial El Peruano.
La acción del Ejecutivo busca no solo frenar las economías ilegales que dañan el ecosistema de uno de los departamentos amazónicos más importantes del país, sino también proteger a la población de los delitos asociados a estas actividades.
¿Por qué el Estado no puede frenar la minería ilegal en la región?
La decisión de prorrogar el estado de emergencia en esta región subraya la problemática persistente que enfrenta Madre de Dios en relación con la explotación ilegal de sus recursos naturales.
El departamento ha sido por años centro de operaciones de redes criminales dedicadas a la extracción de oro y madera ilegal, actividades que no solo impactan negativamente en el medio ambiente, sino que también generan violencia, explotación laboral y desplazamiento de comunidades indígenas.
No obstante, de acuerdo al Proyecto Prevenir de USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), la minería ilegal en Madre de Dios continúa creciendo, desencadenando una grave crisis ambiental y social.
La Reserva Nacional Tambopata, una de las áreas más afectadas, enfrenta niveles elevados de deforestación y contaminación debido a esta práctica, que representa el 90% de las actividades mineras en la zona.
Asimismo, las actividades ilícitas de extracción de oro se han intensificado a causa de factores como el aumento del precio internacional del oro, además de ser considerado por muchos como una alternativa ante la falta de empleo y la pobreza.
Esta situación persiste a pesar de numerosas intervenciones y políticas de formalización implementadas por las autoridades.
Evaluarán desempeño de la PNP y FF.AA
En el marco del estado de emergencia, el Estado ha otorgado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el control del orden interno en determinadas jurisdicciones. Específicamente en los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras, y Laberinto en la provincia de Tambopata, así como a Madre de Dios y Huepetuhe en la provincia de Manu.
Durante este periodo excepcional, se suspenderán ciertos derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, reunión, y la seguridad personal.
Esta medida, que implica una suspensión temporal de garantías fundamentales, se ampara en decretos legislativos específicos (DD.LL. 1186 y 1095) que regulan el uso de la fuerza por parte de las entidades de seguridad.
No obstante, se sigue un protocolo establecido para asegurar la protección de mujeres y personas vulnerables en situaciones de detención policial.
Al término de esta medida extraordinaria, la Policía Nacional deberá presentar un reporte detallado de todas las acciones ejecutadas durante la vigencia del estado de emergencia al Ministro del Interior.
Este documento, que debe ser entregado dentro de los cinco días hábiles siguientes al fin de la medida, será crucial para evaluar el desempeño de las fuerzas del orden en el contexto actual que se vive en Madre de Dios.
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