El empresario Henry Shimabukuro, exasesor del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) e investigado por supuestamente financiar la campaña de Dina Boluarte, reveló este miércoles que grabó a la presidenta y que entregó esos registros al Ministerio Público al testificar en una investigación por lavado de activos que la involucra.
En una entrevista difundida en Beto a saber, expuso que mantuvo una llamada con Boluarte cuando era vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. “[Estaba] histérica. Alzó su voz muy fuerte. Me dijo: quiero saber si ha ingresado a la oficina de la vicepresidencia y ha puesto dispositivos de escucha. Una fuente me ha dicho que usted lo ha hecho. Si sale una grabación, lo hago responsable a usted”, contó.
“Ahí se rompió por completo la amistad. Esa grabación, cuando me amenaza, la tiene la Fiscalía. En su oficina tenía reuniones secretas, clandestinas. Se reunía dos, tres horas con Beder Camacho [exsubsecretario del despacho presidencial] y a los minutos, Camacho salía de Palacio por la Puerta Perú y se dirigía al restaurante La Unión, donde se reunía con el señor Nicanor [hermano de la gobernante]”, siguió.
El empresario se refirió, a continuación, al informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que halló más de un millón de soles (300.000 dólares) de origen desconocido en las cuentas bancarias de Boluarte, un caso destapado por El Comercio.
La UIF de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) detectó “movimientos sospechosos” entre agosto de 2016 y agosto de 2022, periodo en el que la gobernante recibió “numerosos depósitos en efectivo y transferencias cuyo origen se desconoce”, indicó el reportaje.
“Creo que no es su plata, porque si no ella lo hubiera utilizado. Cuando estuvo en mi carro recibió una llamada del señor [Vladimir Cerrón], comienza a gritarla, a llamarle la atención, sobre unos depósitos de Western Union. Le comienza a alzar la voz, diciendo qué ha hecho [...] trató de ser lo más breve posible y cortar el teléfono, pero ya habíamos escuchado”, mencionó.
Siempre según la versión de Shimabukuro, la otra testigo de ese cruce de palabras fue Maritza Sánchez, una profesora allegada a Castillo que acusó al empresario de aportar fuertes sumas de dinero a la campaña para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos. “Todos escuchamos”, aseguró.
Mencionó, además, que la mandataria tiene un “gabinete en la sombra” integrado, entre otros, por su hermano, su exasesora Grika Asayag y su amigo Edwin Ugarte. También reveló que, durante un Consejo de Ministros, Boluarte se negó a firmar un compromiso de renuncia inmediata si Castillo era destituido, y que fue ella misma quien presentó al expresidente con Salatiel Marrufo, exasesor del exministro de Vivienda, Geiner Alvarado.
“Dina se ha casado con la corrupción. El siete de marzo he declarado como testigo en la carpeta N.º 28-2023, donde [la] están investigando por lavado de activos. Mi declaración es fundamental. Hay pruebas, testimonios, más testigos. Si no ha pagado por las muertes, va a pagar por los delitos de corrupción”, remarcó.
En marzo del 2023, el Ministerio Público amplió una investigación contra Boluarte y Castillo por el presunto financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal, a raíz de supuestos aportes ilegales en la campaña electoral del 2021.
La investigación es seguida por la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos contra Boluarte, Castillo y Shimabukuro, quien ha declarado ante la prensa haber financiado los viajes y actividades proselitistas de la hoy presidenta durante la campaña de 2021.
Entre sus últimas revelaciones, el empresario hizo pública una reunión que mantuvo en enero de 2023 con Nicanor Bolaurte y otro allegado de la presidenta. De acuerdo con su declaración, le propusieron “dejar de atacarla” a cambio de un cargo en el Instituto Peruano del Deporte (IPD) o el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
“[Me dijeron] en tus problemas legales hay llegada con la Fiscalía de la Nación. ¿En qué me van a ayudar con la Fiscalía, que delitos he cometido, por qué voy a aceptar? Les dije a lo criollo: váyanse al carajo“, zanjó.
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