La Sala Civil de Juliaca confirmó una decisión judicial que marca un precedente en la lucha contra la contaminación ambiental en el Perú al ordenar medidas definitivas para la protección de los ríos Torococha y Coata, importantes afluentes del Lago Titicaca, en Puno.
Con ello, se ordena al Gobierno Regional de Puno, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno, la Municipalidad Provincial de San Román, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento del distrito de Juliaca (SEDA-Juliaca) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) cumplir con obligaciones directas para salvaguardar el ecosistema, vital para la biodiversidad y la subsistencia de las comunidades indígenas y locales.
Dentro de este conjunto de acciones figura la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales dirigida a poner fin a la descarga de contaminantes y residuos sólidos que amenazan al cuerpo de agua de la región surandina.
¿Por qué esta sentencia es una victoria para el lago Titicaca?
Esta resolución representa un precedente histórico en la legislación ambiental peruana, después de un extenso proceso legal de seis años, que inició con la lucha de los dirigentes de los distritos de Juliaca, Coata, Huata, Capachica y Caracoto que vieron deteriorarse su entorno natural y decidieron actuar al respecto en 2017.
Inicialmente, la demanda presentada por los dirigentes Brígida Curo y Dionicio Barreda buscaba obligar a las autoridades a asumir un papel más activo en la preservación del recurso hídrico.
En esa línea, los ciudadanos afectados por la degradación ambiental, junto con los representantes de las cinco jurisdicciones involucradas, se movilizaron legalmente para cambiar la situación del lago, culminando en esta reciente sentencia que promete ser un cambio fundamental para la conservación del ecosistema.
¿Qué dispone exactamente el fallo?
Luego de evidenciarse una alta contaminación en estas aguas, incluyendo sustancias nocivas como arsénico y coliformes termotolerantes, según estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre las disposiciones de este fallo judicial, destaca la obligación de informar sobre el avance y la ejecución de la planta de tratamiento en un plazo de 30 días.
Asimismo, la sentencia establece medidas urgentes para suspender el vertimiento de residuos sólidos biológicos hospitalarios en dichos ríos y adoptar un sistema adecuado para el tratamiento de estos desechos.
No obstante, se advierten 15 fuentes contaminantes en el río Coata, incluyendo desechos mineros y aguas servidas de poblaciones cercanas, lo que agrava la situación del lago Titicaca, patrimonio de valor incalculable tanto ecológico como cultural.
¿Cómo ha sido la respuesta de las comunidades?
Félix Suasaca, importante defensor de la cuenca Coata en Puno y activista ambiental, expresó su frustración por la demora en la resolución judicial, pero reconoció el impacto positivo de la movilización comunitaria en la lucha por los derechos ambientales.
Por otro lado, el abogado Juan Carlos Ruiz del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes vienen acompañando el proceso legal, resaltó este fallo como un precedente crucial para la conservación de los recursos hídricos en el Perú, marcando un camino hacia la responsabilidad ambiental y la acción ciudadana en defensa de los ríos.
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