La presidenta Dina Boluarte frustró hasta en tres oportunidades la diligencia de exhibición de sus relojes Rolex, según reveló el fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.
Según dio a conocer el representante del Ministerio Público, la diligencia estaba programada para el martes 26 de marzo; sin embargo, la mandataria no acudió. Luego, los fiscales acudieron al domicilio de la jefa de Estado, pero no se les abrió la puerta.
El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza afirmó que un efectivo de la División de Seguridad indicó que serían recibidos en Palacio de Gobierno. No obstante, esto tampoco ocurrió.
“Ante la inasistencia del día de ayer de que la señora concurra a exhibir los 3 relojes que habría usado, nosotros hemos acudido por orden del señor fiscal de la Nación a su domicilio para efectos de llevar adelante esa diligencia de exhibición, sea con ella o con una persona que ella designe. Sin embargo, hemos ido a su domicilio, hemos levantado el acta correspondiente y no nos han abierto la puerta. Hemos ido luego, porque el comandante de la División de Seguridad se comunicó en ese momento y nos indicó que podíamos ir hasta la Presidencia, que en el lugar nos iba a recibir; sin embargo, tampoco nos ha recibido”, indicó el fiscal.
Al ser consultado respecto si se podría ejercer una acción coactiva, como un eventual allanamiento, el fiscal Hernán Mendoza aseveró que están “agotando los métodos que como Ministerio Público tenemos”. “Lo que sigue va a ser consecuencia de ello”, apuntó.
En otro punto, el magistrado precisó que el gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, ha sido citado como testigo en el caso. Dicha autoridad adquirió un Rolex idéntico al que poseería la presidenta Boluarte.
“Voy a ser enfático, esta es una patraña de personas malas que quieren hacerle daño a la presidenta, yo no tengo nada que ver absolutamente en este tema (Rolex), con eso termino”, declaró Oscorima a la prensa, intentando desmentir los señalamientos respecto a que estaría detrás de la colección de lujosos relojes de la mandataria.
Declaración de Boluarte también se frustró
La declaración indagatoria de la presidenta Dina Boluarte estaba programada para hoy miércoles 27 de marzo. Sin embargo, la defensa de la mandataria solicitó reprogramar la diligencia, frustrando también esta diligencia.
“Entre las diligencias ordenadas estaban recibir la declaración de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra y también la exhibición de al menos 3 de los relojes que estaban comprometidos en la investigación. Ambas diligencias se han visto frustradas por inconcurrencia de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra que tenía programado el día de ayer a las 2:30 de la tarde y el día de hoy a las 9:30 de la mañana”, dijo el fiscal Hernán Mendoza ante el grupo de trabajo.
La mandataria estropeó su declaración pese a que el viernes 22 de marzo, en un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno, aseguró que “ante el Ministerio Público (...) estaré, como siempre, diciendo la verdad”.
El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza se retiró de la sede del Parlamento sin dar declaraciones a la prensa. Invocó la reserva de la investigación. Posteriormente, el despacho presidencial emitió un escueto comunicado en el que indicó que los fiscales solo fueron “atendidos” y recibieron “una notificación dirigida” a Boluarte.
blockquote class="twitter-tweet">✅ Representantes de la @FiscaliaPeru fueron atendidos esta mañana por personal del Despacho Presidencial, el que recibió una notificación dirigida a la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra.#BicentenarioPerú2024 💪
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 27, 2024
Contralor general también fue citado
El contralor general de la República, Nelson Shack, también se presentó ante la Comisión de Fiscalización a fin de informar sobre los resultados de la evaluación efectuada a las declaraciones juradas de la presidenta Dina Boluarte. Específicamente, se le requirió información relacionada al registro de relojes marca Rolex.
Shack también dio a conocer las acciones desplegadas por la Contraloría en relación a las declaraciones juradas del gabinete ministerial que preside el premier Gustavo Adrianzén.