CIDH otorga medidas de protección a comunidad de líder indígena asesinado Quinto Inuma

La justicia sigue avanzando a pasos agigantados para los pueblos indígenas en Perú. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha concedido medidas cautelares a favor de la comunidad nativa del líder indígena asesinado en noviembre del año pasado, Quinto Inuma Alvarado.

La comunidad kichwa Santa Rosillo de Yanayacu, situada en el distrito de Huimbayoc, dentro de la provincia y región de San Martín, ha sido objeto de diversos actos de intimidación y violencia debido a la defensa activa de su territorio, así como derechos colectivos, frente al avance de las actividades ilegales. Entre ellas están la tala ilegal, narcotráfico y la invasión de tierras.

Ante ello, la CIDH —a través de la Resolución 13/2024 del 25 de marzo— ha reconocido la gravedad de las amenazas, las cuales incluyen intimidaciones y amenazas de muerte que persisten desde 2018.

Según señala la agencia de noticias intercultural Servindi, la CIDH ha instado al Gobierno a tomar acciones más firmes y culturalmente adecuadas para proteger las vidas y la integridad de personas en situación de riesgo, siguiendo las denuncias sobre agresiones por parte de supuestos “colonos” en la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu.

Este pedido surge tras el asesinato del líder Quinto Inuma Alvarado, cuya familia ha recibido protección estatal, aunque todavía se cuestiona la eficacia de estas medidas.

Pues, a pesar de que el Estado respondió al hecho implementando diversas estrategias de protección para los familiares del líder fallecido, como el traslado a otra ciudad y un esquema de vigilancia, la CIDH ha evaluado que estas acciones son insuficientes para garantizar la seguridad plena de los afectados.

Adicionalmente, ha resaltado que, basándose en información proporcionada por el propio Estado, se reconoce que existen obstáculos significativos para la protección efectiva, incluyendo la falta de recursos, logística, y personal adecuado, según refleja un reporte de la Policía Nacional de diciembre de 2023.

La resolución de la CIDH solicita específicamente que se tomen medidas para asegurar la protección física y psicológica de los miembros de la comunidad kichwa, de manera que los que se encuentran desplazados en otra ciudad puedan regresar de manera segura a su comunidad.

También, resalta la necesidad urgente de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas en el país que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad por su labor de defensa territorial y ambiental, sin temor a represalias o agresiones.

Asimismo, la Comisión exige al país que, en un plazo de 15 días, informe sobre los avances en las investigaciones de los hechos violentos que motivaron estas medidas cautelares, con el objetivo de prevenir su repetición. Estos lineamientos buscan no solo atender la situación inmediata, sino también abordar las causas que permitieron que estos eventos de riesgo ocurran.

Quinto Inuma fue un defensor indígena que destacó en vida por su intensa lucha contra la tala ilegal en los bosques vírgenes de su territorio.

Sus esfuerzos por preservar sus tierras ancestrales generaron que reciba amenazas de parte de mafias madereras y narcotraficantes locales, a pesar de contar con medidas de protección designadas a través del Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, aprobado en 2021 y es supervisado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

El mecanismo tenía como principal objetivo brindar seguridad y salvaguardar de Inuma. Sin embargo, su asesinato puso de manifiesto las carencias y desafíos que aún persisten en la implementación del mecanismo de protección.