La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) manifestó su firme oposición frente a una propuesta legislativa que pretende formalizar el uso de vehículos colectivos en las metrópolis de Lima y Callao, alegando que este cambio contraviene no solo los esfuerzos en marcha para reformar el transporte urbano sino que también contraría la política nacional en la materia.
Según palabras del presidente ejecutivo de la ATU, José Aguilar Reátegui, “rechazamos de forma tajante cualquier iniciativa que busque formalizar los autos colectivos en Lima y Callao porque va contra la política nacional de transporte que impulsa la macromovilidad”, lo cual implica el incremento en el uso de autobuses de gran capacidad para desplazar a la población.
Aguilar Reátegui resaltó el reciente lanzamiento de un bus articulado en el Corredor Morado, cuya capacidad alcanza las 160 personas, lo que representa una alternativa para evitar la circulación de hasta 40 vehículos colectivos menores.
“Esto significa evitar que 40 autos colectivos estén en las calles. Al fomentar la macromovilidad, estamos también reduciendo la congestión vehicular”, expresó, aclarando que estas iniciativas buscan mitigar los altos niveles de congestión y tiempo perdido en traslados que enfrenta la población de ambas ciudades, temas que incluso han sido resaltados en informes internacionales.
Uno de los argumentos centrales de la ATU es la potencial falta de control sobre los vehículos colectivos una vez sean formalizados. “El problema es que, al legalizar los autos colectivos, no habrá ningún control sobre estos vehículos”, advirtió Aguilar Reátegui, quien además compartió cifras de operaciones de fiscalización llevadas a cabo por la autoridad.
“En lo que va del año, hemos realizado 28 000 acciones de fiscalización en todo Lima y Callao”. Estas operaciones han permitido detectar más de 8,000 vehículos informales de transporte, a 1,300 conductores sin licencia, más de 500 vehículos sin SOAT y otros 3,500 sin revisión técnica, revelando un panorama preocupante sobre el estado actual del transporte informal, agregó Reátegui.
El presidente de la ATU también se refirió a las implicancias en materia de seguridad que tendría la formalización de autos colectivos. La preocupación recae no solo en el riesgo de accidentes, en los cuales muchos de estos vehículos están involucrados, sino en el incremento de crímenes y delitos que, como ha denunciado la Policía Nacional, podrían verse facilitados en dichos contextos, argumentó la autoridad.
“Muchos de estos vehículos no deberían estar en las calles porque causan la mayoría de accidentes en las vías”, afirmó.
Como dato concluyente, Aguilar Reátegui compartió los resultados de recientes operativos de fiscalización. Solo en una semana de marzo, se enviaron al depósito 102 autos colectivos acumulando multas por más de S/1 200 000. Entre las irregularidades detectadas, se encontraron 14 vehículos sin el SOAT vigente, 13 sin revisión técnica y 29 conductores sin la licencia requerida, exponiendo a pasajeros a riesgos inaceptables.
Taxis que no estén pintados de amarillo serán sancionados
La ATU informó un ultimátum a los taxistas de la región: deberán pintar sus vehículos de amarillo antes de junio de 2024 para cumplir con las normativas establecidas. Esta medida busca enfrentar la informalidad en el sector, regulando de manera más efectiva a los taxis. Sin embargo, según reveló Jhony Martel, vocero de la Federación de Taxistas, en declaraciones a Exitosa Noticias, apenas el 3% de los conductores han acatado esta disposición hasta marzo de 2024, lo que sugiere una potencial avalancha de solicitudes de última hora para cumplir con la normativa.
“No llegamos ni al 3%. Estamos hablando de que de 150 mil solo una pequeña parte ha cumplido. ATU ya nos ha dicho en la mesa de diálogo que no va a haber prórroga”, explicó Martel.
La decisión de pintar de amarillo los vehículos que prestan servicio de taxi forma parte de un conjunto de acciones emprendidas por la ATU para combatir la informalidad en el sector transporte. Recientes operativos de fiscalización llevados a cabo en los carriles de estacionamiento del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez resultaron en la identificación de 48 vehículos que operaban ilegalmente el servicio de taxi, evidenciando la necesidad de medidas estrictas como esta.
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