La Junta Nacional de Justicia (JNJ) acató este lunes una orden del Poder Judicial y dispuso la reposición inmediata de Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes se reintegrarán como miembros del organismo después de que sus vacancias quedaran sin efecto, según una resolución firmada por el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza.
La decisión fue notificada a ambos juristas; a la Primera Sala Constitucional de Lima, que aprobó una medida cautelar a su favor; al defensor del Pueblo, José Gutiérrez; y al consejero suplente Abraham Siles, quien rechazó la citación para prestar juramento y asumir una de estas vacantes en el máximo órgano de la Judicatura.
Previamente, Gutiérrez había suspendido la ceremonia respectiva. La medida aprobada por el juzgado fue presentada contra la decisión del Congreso de cesar a ambos magistrados por presuntas irregularidades e inhabilitarlos para ejercer cargo público por diez años.
En el fallo, los jueces de la Primera Sala indicaron que la acción fue “arbitraria e inconstitucional”, y que al menos dos congresistas, José Jerí y José Luna Gálvez, no debieron integrar la Comisión Permanente, el grupo parlamentario que supone la antesala del pleno (que finalmente dio luz verde al informe que pedía el cese de los letrados).
En un voto en minoría, uno de los jueces indicó que no hay evidencia de “negociación ilegítima” en el proceso contra Vásquez y que debe ser el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional los entes que decidan sobre el límite de edad para ser integrantes de la JNJ, en referencia al caso de Tello.
El Legislativo se ha opuesto a la decisión judicial y recurrió al Tribunal Constitucional en búsqueda de hacer valer la inhabilitación. De hecho, en esta jornada, el procurador del Congreso, Manuel Peña, solicitó formalmente al máximo intérprete de la Carta Magna la inmediata nulidad de la medida cautelar otorgada a Vásquez y Tello.
Aunque el pleno rechazó aplicar la misma sanción a otros cinco miembros de la JNJ, a Tello la inhabilitó con solo un voto más de los 66 requeridos por ley, tras lo cual rechazó una petición para repetir la votación planteada por un sector del Legislativo que se oponía a esa medida.
Durante la votación, que se prolongó durante más de cuatro horas, tras un debate previo de otras tres horas, los legisladores rechazaron el planteamiento de también cesar a los magistrados Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala.
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales propuso acusar e inhabilitar durante 10 años a los miembros de la JNJ por una presunta infracción constitucional, por haber permitido que Tello siga en funciones a pesar de haber superado el límite de edad de 75 años para ejercer el cargo.
En medio de este enfrentamiento entre el Parlamento y el máximo órgano de la Judicatura, la presidenta Dina Boluarte pidió a los diputados que reflexionen acerca del equilibrio de poderes “para garantizar un país democrático, estable y equitativo”.
La decisión de cesar a los dos juristas de la JNJ, responsable de nombrar y sancionar a jueces y fiscales, representaba para Human Rights Watch (HRW) un nuevo “avasallamiento” del Estado de derecho y un “grave” atentado contra la separación de poderes.
La directora para las Américas de la ONG, Juanita Goebertus, lamentó en un comunicado que, con las medidas adoptadas la semana pasada, “el Congreso ha debilitado gravemente a uno de los últimos organismos independientes en pie que podría servir de contrapeso frente a sus prácticas abusivas”, aparentemente para “impedir” investigaciones sobre “prácticas irregulares” e influir en el nombramiento de jueces.
La Constitución solo permite apartar a los miembros de la JNJ por “causa grave”, algo no se daba en este caso, según HRW. La organización instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar a su Consejo Permanente para abordar los “ataques a la independencia judicial”.
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