El Caso Manta se encuentra ya en medio de los alegatos finales del segundo juicio. Las nueve mujeres, oriundas de Huancavelica, que se armaron de valor para denunciar a 13 militares peruanos por delitos de violencia sexual llevan 40 años a la espera de justicia; sin embargo, el final del proceso parece estar cerca.
Luego de esta etapa, corresponde la deliberación y el dictado de la sentencia; no obstante, la defensa de estas ciudadanas denuncia públicamente dilaciones que el tribunal ha permitido, aunque esta no sería la primera vez que se producen irregularidades en el proceso.
Cynthia Silva, abogada y directora de la organización feminista Demus que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes, conversa con Infobae Perú para hablar de la importancia de este juicio histórico y otros puntos claves para su comprensión.
Segundo juicio para preservar el derecho de las víctimas
El Caso Manta se encuentra en la parte final del segundo juicio, que inició en marzo del 2019, luego de que el primer proceso se quebrará por un pedido de la defensa de las sobrevivientes, quienes solicitaron la incorporación del enfoque de género, así como respeto por el derecho a la verdad, igualdad y no discriminación.
De acuerdo a Silva, como detectaron y denunciaron afectaciones en la revictimización y la limitación del derecho a la prueba del contexto, la defensa recusó que se daba una parcialización del colegiado en favorecimiento de los acusados. El asunto llegó hasta la Corte Suprema, quien les otorgó la razón.
“El primer juicio se quiebra porque la defensa de las víctimas denunciamos que había dos prácticas vulneratorias de sus derechos: la revictimización porque las estaban obligando a declarar frente a sus agresores y la limitación del derecho a la prueba del contexto en el que ocurrían estas violaciones. El interés sobre esto es que si solamente se prueban violaciones sexuales aisladas, esto va a implicar que son delitos comunes, lo cual ya habría prescrito. Entonces, era necesario que la Fiscalía pruebe el contexto del conflicto armado interno, en el que ocurrieron estas violaciones, pues ya podemos hablar de ellas como crímenes de lesa humanidad y con esto se puede perseguir todavía a los agresores hasta que se haga justicia. No hay límite para la persecución, procesamiento y sanción”, apunta.
Pedidos sin respuestas de audiencias públicas
A pesar del pedido reiterado de las víctimas, quienes indicaron desde el inicio su deseo de que las audiencias sean públicas, las autoridades no han respondido a sus solicitudes. El motivo detrás de este requerimiento también corresponde a la dificultad que tienen las sobrevivientes para trasladarse hasta Lima.
La abogada, incluso, señala que fueron las nueve mujeres mantinas las que, de manera presencial, se dirigieron a los jueces para expresar su deseo de que las audiencias se programen con más frecuencia, además de que sean públicas.
“Como ellas están lejos, quisieran poder visualizar las audiencias, pero —por otro lado— quieren que las personas que estén interesadas en seguir los pomenores del juicio puedan hacerlo para que vigilen la regularidad, la corrección, de un caso tan relevante como este y para que, por supuesto, las puedan sostener y acompañar en su búsqueda de justicia”, expresa.
Denuncias de irregularidades a lo largo del juicio
En medio de este panorama, Silva ya había dado a conocer su preocupación por el rol que viene desempeñando la Fiscalía de la Nación a lo largo del proceso legal. Según su testimonio, el fiscal Luis Javier Ramírez Cancho —con antecedentes de haber señalado que el Fredepa sería una “fachada del nuevo Sendero Rojo” y que sus dirigentes habrían cometido actos de terrorismo por pedir la instalación de una asamblea constituyente— reemplazó al fiscal Pedro Orihuela —que llevó el caso por tres años— sin motivo aparente.
“Se había pedido desde la parte civil —nosotras— que las audiencias sean presenciales porque, precisamente, este es un caso tan denso y tan difícil que es mucho mejor que el colegiado pueda presenciar el sustento, o sea, que pueda conectar mejor con el relato. Bueno, la Fiscalía no acudió y el director de debate tampoco, entonces solamente estuvo presente —físicamente en la sala— la parte civil y dos de los tres magistrados. Y él sustentó vía Google Meet en una absolutamente deficiente presentación de un caso que es tan importante y tan complejo. Evidenciando que no está para nada preparado y esto puede perjudicar incluso el caso porque de él depende —de él y de nadie más— el sustento”, revela.
La abogada denuncia también las dilaciones que se están dando en el transcurso del proceso, que son permitidas por el tribunal, como la programación de audiencias en el máximo del tiempo posible o las argumentaciones muy vagas que han llevado a que se frustre la citación anterior.
Importancia de que las víctimas logren alcanzar justicia
El Caso Manta posee una gran relevancia social y jurídica debido a que constituye parte importante de la memoria histórica del país y porque es, además, el tercer juicio en toda Latinoamérica que aborda la violencia sexual como crimen de lesa humanidad en contexto de conflicto.
“Es un caso que establece un hito histórico importantísimo para nuestro país y que también nos va a dejar lecciones aprendidas para que nunca más se viole en el marco del ejercicio del uso de las fuerzas por parte del Estado. Eso es algo que sucede hasta ahora y para nosotras es fundamental también porque eso tiene que ser proscrito expresamente como práctica porque si no se pone de manifiesto que ocurrió, oficialmente no hay un reconocimiento de que las violaciones sexuales eran usadas como ataques a las comunidades a las que se veía como enemigas terroristas y, entonces, no se prohíbe que esto ocurra”, explica la directora de Demus.
Para ella, esta sentencia sería histórica porque significaría que se les brinde justicia, verdad y reparación integral a las nueve sobrevivientes de violencia sexual por parte de 13 militares peruanos.
‘Ley Amnistía’ y su intento de liberar a acusados
La Comisión de Constitución del Congreso ha aprobado el PL denominado como la ‘Ley Amnistía’, que busca la impunidad para implicados en delitos de lesa humanidad. Frente a esta situación que es entendida por especialistas como un intento más de atentar contra la independencia judicial, desde la organización Demus alzaron su voz de protesta por lo que califican como “estrategias dilatorias de los abogados de los acusados”.
“Buscan liberar de responsabilidad penal a los investigados o acusados de casos en curso, como el Caso Manta, de violaciones sexuales cometidos por exmilitares con respaldo institucional (1984-1991) y el de Esterilizaciones Forzadas (1995-2000) en el que está investigado Alejandro Aguinaga, quien es uno de los principales impulsores del proyecto de ley”, señala Silva.
Finalmente, advierte que el mensaje que se les da a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos del conflicto armado interno, en particular a las de los casos de violaciones sexuales, es nefasto luego de 20 años de la denuncia y a un paso de lograr una sentencia.
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