La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que recomienda inhabilitar por 10 años de la función pública al expremier del expresidente Pedro Castillo, Aníbal Torres, por supuesta infracción a los artículos 38, 45 y 125 de la carta magna.
Informe final de la denuncia constitucional fue aprobada con 15 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.
Torres no acudió a la sesión de la Comisión Permanente, pero sí presentó un escrito en el que aseguró que la aprobación del informe “deviene en un acto meramente instintivo de condena a quien consideran su adversario”.
Ahora, el informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente del Consejo de Ministros deberá ser elevado al Pleno del Congreso para que decida en última instancia si lo inhabilita o no.
¿Por qué buscan inhabilitar a Aníbal Torres?
La denuncia constitucional fue promovida por Jorge Montoya, portavoz de Renovación Popular, y recoge diversas declaraciones públicas de Aníbal Torres, como aquella en la que alentó a los ciudadanos a movilizarse contra “la ultraderecha” y “los golpistas”.
“Si cada uno con esa energía que tienen, con esa capacidad que tienen, con esa voluntad para defender sus intereses, de sus hijos y de los hijos de sus hijos, que trajeran a Lima 50 personas cada uno, entonces harían arrodillar a los golpistas, los obligarían a que tengamos una Constitución que beneficie a todos los peruanos y no solamente a determinada clase, a un sector de poder económico”, dijo Torres en una actividad oficial.
Sin embargo, para la congresista Martha Moyano, ponente del informe, estas acciones representan un abandono del deber de Torres de preservar el estado de derecho democrático que le correspondía resguardar y garantizar como presidente del Consejo de Ministros.
“Los actos y expresiones del señor expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez, vertidos fundamentalmente en los denominados Consejos de Ministros Descentralizados, así como en entrevistas en medios de comunicación, sí constituyen conductas que infraccionan los artículos constitucionales mencionados”, sostiene la fujimorista.
Aparte de esta denuncia, existe otra acusación en contra de Torres por su interpretación de la negativa a una cuestión de confianza, rechazada previamente por el Congreso en noviembre de 2022, que también involucra a Pedro Castillo y miembros de su gabinete, incluida Dina Boluarte, actual presidenta del Perú.
Por otro lado, la Fiscalía de la Nación ha solicitado 15 años de prisión para Torres bajo cargos de rebelión vinculados al intento fallido de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, demandando incluso una medida de prisión preventiva por 18 meses, la cual fue desestimada a favor de restricciones menos severas.
En dicho proceso penal, el Poder Judicial apercibió (sancionó) al expremier por no respetar la regla de conducta de no comunicarse con coinvestigados y testigos del caso. Resulta que el exjefe del gabinete conversó en su hogar con el exministro de Defensa Gustavo Bobbio, quien ha dado su testimonio hasta en dos oportunidades ante el Ministerio Público.
Durante la audiencia de apercibimiento, Aníbal Torres pidió disculpas y se comprometió a no volver a vulnerar una regla de conducta.
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