La situación de criminalización a líderes indígenas de la selva central genera preocupación a nivel nacional e internacional en Perú. Todo comenzó el 8 de abril del año pasado. Santiago Contoricón Antúnez, reconocido líder asháninka, de 58 años fue asesinado en su hogar en Puerto Ocopa, ubicado en el distrito de Río Tambo, provincia de Satipo, Junín.
La investigación preliminar apunta a operadores del narcotráfico como sospechosos de su muerte, teniendo en cuenta la labor de Contoricón en su lucha frontal contra la economía ilegal que amenazaba su territorio y colaboración permanente con la Policía en las interdicciones de tráfico ilícito de drogas.
Ante la inacción del Estado frente a los hechos, específicamente el 14 y 15 de abril, se desencadenaron protestas en Puerto Ocopa, donde comunidades asháninkas bloquearon un puente para exigir justicia.
Sin embargo, los hechos dieron un giro inesperado cuando cuatro personas fueron retenidas y luego reportadas como desaparecidas durante la movilización indígena: José Valdivia (32), Brandom Cruz (19), Erick Cabrera (43) y Adrián Ramírez (51).
En respuesta a estos hechos, la Fiscalía acusó a ocho personas de secuestro, incluyendo a los líderes indígenas como Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE); Fredi Gavilán Mejía, presidente de la Federación Asháninka del Río Ene (FARE) y Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART).
No obstante, de acuerdo a una investigación de Convoca, Valerio y Gavilán estaban participando en reuniones indígenas lejos de Puerto Ocopa el día de las desapariciones, por ello, se ha cuestionado la validez de las acusaciones en su contra.
Hoy, las organizaciones indígenas que encabezan ambos líderes están llamando a una revisión a fondo de los procedimientos judiciales y de investigación para garantizar la justicia tanto para las víctimas de desaparición como para los defensores acusados.
¿Dónde estaban los líderes indígenas cuando ocurrieron los hechos?
En el caso de los líderes asháninkas Ángel Pedro Valerio y Fredi Gavilán Mejía, a pesar de que han presentado pruebas que acreditan su ausencia en el lugar de los hechos que se les imputan, aún continúan siendo investigados.
Según sus declaraciones, ambos se encontraban asistiendo a reuniones cruciales para sus comunidades durante las fechas que ocurrieron los supuestos delitos.
No obstante, el Juzgado de Investigación Preliminar, a petición de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Satipo, ha dictado una orden de comparecencia simple para ambos sujetos, es decir, siguen estando bajo la vigilancia recurrente del Poder Judicial.
ONU se pronuncia en defensa de Ángel Pedro Valerio
En el marco de los hechos, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha elevado su voz de alarma sobre la situación de Ángel Pedro Valerio, presidente de la Central Asháninka del Río Ene (CARE), quien enfrenta acusaciones y ha sido amenazado de muerte.
A través de su Relatoría Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas ha solicitado al Gobierno atender la situación de Valerio. Pero, aún no hay una respuesta clara por parte del mandato de Boluarte.
En paralelo, la CARE sostiene que, detrás de las acusaciones contra Valerio, se encontrarían grupos vinculados con el cultivo ilícito de la hoja de coca que buscan cometer ataques en represalia por la oposición frontal del líder indígena contra el narcotráfico.
No se conoce el paradero de uno de los implicados
Por otro lado, Fabián Antúnez Camacho, presidente de la Central Asháninka de Río Tambo (CART), se encuentra actualmente en paradero desconocido tras la emisión de una orden de prisión preventiva en su contra por un periodo de 18 meses, medida dictada por el Juzgado de Investigación Preliminar.
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