Fiscal permitió la liberación de 20 policías y narcos del Vraem que formaron organización criminal de tráfico de drogas

Un nuevo caso de omisión en las labores de un fiscal permitió la liberación de un grupo de hasta 17 oficiales oficiales de la Policía Nacional del Perú e integrantes de una banda de narcotraficantes que operaban en el Vraem, quienes se coludieron para obtener ganancias de los negocios ilícitos. El caso identificado como “Mecanismo” fue perjudicado por las actitudes de Edward Díaz Tantaleón, miembro de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Según un informe del semanario Hildebrandt en sus trece, la investigación no era un caso cualquiera, sino un trabajo de dos años en los que se investigó a miembros de la comisaría de Pillcopata (Cusco), quienes habrían permitido -por medio del cobro de cupos- actividades de narcotraficantes, a quienes incluso se les robaba sus cargamentos.

La investigaciones vieron sus primeros frutos cuando se descubrió que un grupo de al menos 20 narcotraficantes usaban siete pistas de aterrizaje clandestinas para avionetas que enviaban cocaína a Bolivia desde el Vraem.

A raíz de un trabajo de escuchas telefónicas y videovigilancia, se logró dar con la captura de Julio Sánchez Talledo, alias ’Sinchi’, en junio del año 2019, junto a otras 13 personas. Entre los detenidos se encontraban el jefe de la comisaría de Pillcopata y dos agentes de la misma unidad policial.

Luego de la primera detención y que se decidiera realizar seguimiento a otros 17 oficiales, y en diciembre del 2019 se logró detener a tres coroneles de la Policía Nacional: Manuel Mar Pérez (exjefe de la Región Policial de Cusco), Julio Rojas Briones (exjefe de Inspectoría de la Región Policial del Cusco) y del comandante Daniel Valdivia Oblitas (exjefe de la División Policial de Quipicachi-Urcos). El único al que no se le dio prisión preventiva fue al primero.

Según el semanario, algunos de los detenidos en esa oportunidad confesaron haber participado en el robo de cargamentos de los narcotraficantes e incluso alquilaban sus fusiles a los criminales. Lo más grave: llegaron a financiar la producción de cocaína para hacer negocio con ella e hicieron responsables a los coroneles implicados indicando que recibían ‘comisiones’ de los narcotraficantes.

Uno de los suboficiales capturados dio detalles de cómo se distribuia el dinero proveniente de estas ‘comisiones’. En su confesión del 2019 indicó que no solo ‘Sinchi’ era quien ofrecía el dinero, sino otros narcotraficantes de la zona identificados como ‘Aguilar’, ‘Gringo’, y otros. “Si había S/ 10.000, para el coronel eran S/ 600 y para el comandante eran S/ 500 y para el patrullero era S/ 200 y lo demás era repartido”, afirmó.

Con todos los implicados plenamente identificados, además de las pruebas obtenidas por las escuchas legales y el seguimiento a los oficiales, el caso que inicialmente estaba en el Juzgado de Andahuaylas, fue derivado a Lima, donde fue asumido por el fiscal Edward Díaz Tantaleán, de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada.

Sin embargo, Díaz dividió la investigación en dos carpetas, una para policías y otra para narcotraficantes. Esto supuso un debilitamiento del caso, lo que se sumó a su falta de acción para acelerar las investigaciones. Esto llevó a que, en el año 2022, se diera libertad a todos los implicados y los oficiales que habían admitido su culpabilidad retornaron a sus puestos. Algunos de ellos incluso fueron promovidos de rango en los meses posteriores.

Por otro lado, para abril del año 2022 el Poder Judicial dictó una sentencia firme contra seis de los narcotraficantes, pero para ese momento todos estaban con paradero desconocido pese a que hace unos meses estaban en prisión mientras duraban las investigaciones que no fueron realizadas por el fiscal al ritmo que hubiese permitido mantener presos a los delincuentes.

Esto fue criticado por el juez Víctor Zúñiga, quien también tuvo acceso a la carpeta enviada desde Andahuaylas. El 2 de febrero de este año, Zúñiga indicó que “en todo este tiempo se han realizado muy pocos actos de investigación”, además se añadió que el proceso de la investigación tuvo varias deficiencias.

En conversación con Hildebrandt en sus trece, un fiscal antidrogas anónimo indicó que “excarcelar a policías y a narcos debería ser motivo, como mínimo, para suspender a un fiscal. En este caso ha reinado la impunidad”.

Según los resultados de un estudio de Datum, la institución con peores registros de confianza es el Poder Judicial, pues se indica que el 85% de los peruanos no confía en la Corte Suprema de Justicia y que, de este grupo de ciudadanos, el 70% de ellos dice no confiar en este organismo al que lo consideran “corrupto” y que quienes los conforman “reciben coimas”.

Otros de los motivos por los que los ciudadanos no confían en la Corte Suprema es porque se tiene la idea de que se beneficia a los delincuentes (10%) y porque hay demora al emitir sentencias (8%). En menor cantidad, se indica que existe parcialidad o es injusta (4%), y que “es ineficiente” (2%).

La Fiscalía de la Nación también fue criticada por los ciudadanos, pues el 73% de quienes participaron en la encuesta indicaron que desconfían de esta institución. El motivo principal, al igual que en el caso de la Corte Suprema, es que se piensa que es “corrupta” y que recibe sobornos (63%). En segundo lugar, con 10%, se encuentra el conjunto de ciudadanos que considera que sus investigaciones toman mucho tiempo.