Uniones tempranas y forzadas, una forma de violencia a niñas y adolescentes que persiste tras la aprobación de la Ley contra el Matrimonio Infantil

La aprobación de la Ley contra el Matrimonio Infantil, que tuvo lugar el último 2 noviembre del 2023, significó un hito importante en el Perú a favor de los derechos de las niñas y adolescentes; sin embargo, las uniones tempranas y forzadas aún persisten de forma silenciosa y causan preocupación por el riesgo al que exponen a las menores en el país.

Esta realidad nociva para dicha población fue evidenciada en el Censo de Población del 2017, que revela que, del total de adolescentes de 12 a 17 años, el 1,9% se encuentra en unión. Pese a que la cifra no parece ser muy elevada, lo cierto es que son 56 mil 65 menores obligadas a convivir con hombres mucho mayores que ellas.

Además, la tendencia apunta a una mayor incidencia entre las población femenina. En 2007, del total de adolescentes en unión, el 63% eran mujeres. En tanto, los resultados obtenidos del Censo de 2017 evidencian que las féminas pasaron a representar el 82% de ese total.

Actualmente, un reciente estudio de Plan International y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA Perú) vuelve a poner el tema bajo los reflectores, ya que ha revelado que 7 de cada 10 mujeres que se unieron forzadamente entre los 10 y 15 años procedían de zonas rurales. De esta cifra, 3 de cada 10 niñas no saben leer ni escribir, lo que solo pone en riesgo su futuro.

Debido a ello, Infobae Perú conversó con dos especialistas a fin de conocer más sobre el panorama en torno a las uniones tempranas y forzadas, además del peligro que supone para las menores y la incidencia de estas prácticas nocivas en el Perú.

Para Lilia Ramírez, abogada que trabaja en el área de incidencia política de la organización feminista Manuela Ramos, las uniones tempranas y forzadas constituyen un tipo de violencia que afecta a las menores de edad, mediante la cual se intentan perpetuar mitos de una supuesta relación por voluntad entre las niñas o adolescentes con personas adultas.

“Son prácticas en las que menores de edad conviven con adultos y, mediante esa convivencia, se arriesgan a tener una vida en violencia, lo que acorta sus oportunidades porque, prácticamente, son niñas a las que se les ve truncadas las posibilidades de educación, las posibilidades de un futuro independiente. Esta unión, para las menores, ya que ellas aún son inmaduras, no está hecha con pleno consentimiento ni es una decisión libre”, detalla.

Veronique Henry, directora país de Plan Internacional Perú, organización que promueve los derechos de la niñez, indica que el término ‘tempranas’ es empleado porque esta forma de violencia atenta contra la integridad de menores de 0 a 18 años. Además, explica la necesidad de emplear el calificativo ‘forzadas’ debido a que, si bien no siempre son obligadas físicamente, suele existir una fuerte presión social y del entorno hacia estas niñas y adolescentes, pese a que no tienen la capacidad de poder elegir u oponerse a dicha imposición.

“En algunos casos, han sido víctimas de violación y resultaron embarazadas, por lo cual la familia también arregla la unión. A su vez, ‘forzadas’ porque a veces son arreglos económicos entre la familia, que todavía se da bastante. Lo vemos mucho en las zonas rurales, donde hay niñas muy jóvenes —de 12, 13 o 14 años— que ya se van con un hombre, casi siempre adulto y mucho mayor a ellas, porque también para las familias puede significar un alivio no tener que sostener a una persona más. Entonces, la entregan a un hombre mayor que tiene la capacidad económica. Así, las niñas, en esos casos, no tienen ningún poder de decisión, no cuentan con toda la información sobre sus derechos ni poseen un desarrollo psicológico que les permita alcanzar una madurez para tomar sus propias decisiones”, argumenta.

La vocera de Manuela Ramos señala que la diferencia entre matrimonio infantil y uniones tempranas y forzadas se encuentra, principalmente, en el estado legal del vínculo. Mientras que el primero debe ser oficializado frente a una entidad del Estado, el segundo ocurre de forma silenciosa y con solo el conocimiento de la familia.

Esto es corroborado por la titular de Plan Internacional, quien afirma que las uniones tempranas y forzadas no son vínculos formales, puesto que no hay ningún acta oficial que lo certifique. “El matrimonio infantil antes se registraba en el Reniec. En cambio, estas son uniones informales o de hecho, y es más difícil de evitar porque es más invisible y es más numerosa”, asevera.

Como parte del estudio de dicha organización, se recogieron diversos testimonios desde las voces de mujeres indígenas, principales afectadas por esta problemática, y ellas afirmaron que, en pleno 2024, esta sigue siendo una realidad que persiste desde las sombras.

“Realmente nada parece haber cambiado, tal vez hasta hemos empeorado. Año a año aumentan las uniones tempranas forzadas en nuestra comunidad. Usualmente es por falta de oportunidades. La crisis económica del país llega hasta nuestros pueblos y, por ello, muchas niñas abandonan la escuela y, tiempo después, ya se ven forzadas a unirse con gente mayor”, declaró Margot Chocce, lideresa indígena ayacuchana.

De acuerdo a otra investigación del UNFPA Perú y Plan Internacional, titulada ‘Las adolescentes peruanas en matrimonio o unión: Tradiciones, desafíos y recomendaciones’, a nivel nacional, el 28% de las mujeres unidas, que ahora tienen entre 15 y 49 años, iniciaron la convivencia siendo menores de 18 años.

Dicha situación se considera como un peligro exponencial para las menores de edad, por lo que —desde el Gobierno— se debería diseñar un plan articulado —que considere a entidades como el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y más— de prevención, además de empoderar a la ciudadanía para denunciar casos que involucren a las niñas y adolescentes.

De acuerdo a Ramírez, todo lo expuesto debe tener como principal pilar al acceso a la información por parte de toda la población, principalmente al poder contar con una adecuada enseñanza en educación sexual integral desde todas las escuelas a nivel nacional.

“Debe ser en un sentido de una ley, la cual obligue a que haya educación sexual integral no solamente para los menores, sino también para los adultos, porque nosotros somos un un país que no ha tenido educación sexual en sus colegios (...). Entonces, eso es importante porque hay generaciones que no tienen claridad y por eso es que muchas veces hay mitos sobre la educación sexual integral acá, como que se va a homosexualizar. También hay muchas situaciones de violencia normalizadas y hay que cambiar un poco ese chip”, añade.

Plan International, en tanto, impulsa la campaña #FuturoParaEllas, una iniciativa que destaca la urgencia de abordar este problema y la necesidad de implementar políticas y programas destinados a prevenir y erradicar el matrimonio en menores de edad y las uniones tempranas y forzadas. Asimismo, apunta a sensibilizar a la población sobre una realidad que está más cerca de lo que se piensa y subraya la importancia de proteger los derechos de las niñas y adolescentes.

Ese mismo estudio precisa que, a nivel nacional, el 18% de las mujeres que ahora tienen entre 15 y 49 años se unió cuando tenía 16 o 17 años y el 10% lo hizo cuando ni siquiera superaba los 15 años. Estos porcentajes varían de acuerdo a los grupos étnicos de origen: las que tuvieron su primera unión cuando tenían entre 10 y 15 años son menos en el grupo mestizas (8%) que en el promedio nacional (10%).

Por ello, ambas especialistas explican cuáles son los factores más importantes que han llevado a que las uniones tempranas y forzadas tengan mayor presencia en ciertas zonas del Perú:

• La pobreza: un mayor porcentaje de mujeres que se unieron entre los 10 y 15 años se encuentran en niveles de pobreza y pobreza extrema, por lo que experimentan condiciones particularmente vulnerables.
• La informalidad: esta forma de violencia ocurre de manera invisible, ya que no es tan fácil de cuantificar, como es el caso del matrimonio. Por ejemplo, se sabe que solo en la última década se han registrado más de 4.300 uniones formales de menores de edad; sin embargo, esto no es posible respecto a los mencionados vínculos.
• El contexto social: casi siempre se da con mayor frecuencia en zonas rurales muy apartadas, donde estas prácticas están muy normalizadas. A su vez, se registra poca presencia del Estado y sus instituciones, las cuales deberían garantizar justamente los derechos y la protección de estas niñas.
• La falta de acceso a la educación: se produce en zonas en donde las niñas, adolescentes y la población en general no posee acceso a la información ni de las medidas para proteger sus derechos básicos. Además, no suelte haber registro oficial sobre estos casos y no tampoco hay posibilidad de estudiar. Entonces, no será posible que logre desarrollarse profesionalmente.
• La dependencia económica: las víctimas, usualmente, no cuentan con oportunidades de trabajar y muchas veces es la misma dependencia económica —ya que pertenecen a sectores de pobreza o pobreza extrema— la que va a desencadenar estos supuestos acuerdos entre los padres y las menores.
• El historial de violencia: en uno de los estudios de Plan Internacional se evidencia que 6, de cada 10 mujeres que han sido unidas tempranamente, han sufrido violencia en su familia de origen. También ocurre que muchas de estas menores huyen de sus casas porque, justamente, quieren buscar una alternativa.
• Las falencias en educación sexual: si no hay buen acceso a la educación, lo mismo ocurrirá con los centros de salud, donde las menores deberían ser capaces de acceder a información sobre cómo actuar ante casos de violencia sexual, violencia de género y más.

Para Ramírez, otra de las graves consecuencias de las uniones tempranas y forzadas son los embarazos infantiles: solo en el 2023, el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea ha reportado que 1.353 menores de 14 años, entre las que se encuentran cuatro niñas de hasta 10 años, se han visto forzadas a asumir el rol de madres.

Este alarmante dato refleja una grave situación de vulnerabilidad infantil y abuso sexual en menores, lo que pone en relieve la urgencia de implementar medidas de protección más eficaces para esta población en riesgo.

Durante el 2024, han sido madres 81 niñas de entre 10 a 14 años, mientras que —entre los 15 a 19 años— lo han sido 5.520, de acuerdo a data actualizada al 8 de marzo de del presente año.

En medio de este panorama, es relevante analizar los efectos que la maternidad temprana provocará en la salud de las menores. “Además de la deserción escolar, las dificultades para acceder a un trabajo decente y las condiciones de pobreza, estas madres forzadas también enfrentan complicaciones en el embarazo y el parto, así como un acceso limitado a la atención médica. Estas circunstancias derivan en lesiones físicas y mentales, e incluso en muerte. Cuando el embarazo es resultado de abuso sexual, también existe el riesgo lesiones autoinfligidas, incluido el suicidio”, evidencia un informe del UNFPA, publicado en octubre del 2023.

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”. Puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular, recuerda que atiende las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Cuenta, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.