El 23 de marzo del 2017 marcó un antes y un después en la vida de Norma Rivera. Esta fecha quedó grabada en su memoria y la recuerda cada día desde la desaparición de su hija, Shirley Villanueva, para darse fuerza en la búsqueda de justicia que emprendió en su honor.
Lamentablemente, el nombre de la joven de apenas 24 años, quien acababa de egresar de la carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), ha quedado plasmado en la larga lista de mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el Perú. Su caso generó indignación y movilizó a todo un país con el objetivo de poder descubrir qué ocurrió con ella.
7 años de lucha para alcanzar justicia en el nombre de Shirley
Sin embargo, aún hoy, a 7 años desde que fue vista por última vez, no se ha podido descifrar lo que pasó. Bryan Arenas, Joseph Velásquez y Édgar Pozo han sido imputados como responsables en el caso, puesto que fueron quienes estuvieron con Shirley al momento de su desaparición. De acuerdo a lo revelado, la joven y sus compañeros fueron a ver el partido Perú vs. Venezuela a un establecimiento cercano a la casa de estudios llamado Sky.
Lo último que se supo de ellos fue que se dirigieron a un grifo Primax, ubicado cerca al malecón. En el local compraron bebidas y bocaditos, pero luego no hay evidencia de lo que vino después. Norma, en medio de la tristeza que supone la pérdida de su hija, afirma que no se va a detener y que llegará hasta el final.
“El caso estaba archivado, pero estamos tratando se que se pueda reabrir y quizás hasta mejoren la investigación. Ese es mi pedido: que agoten todos los medios de búsqueda. Para mí eso es importante y creo que es un derecho, porque esto ha sido doloroso para mí. Pasaron siete años y no sé en realidad qué ocurrió, nunca encontré a mi hija ni el cuerpo de mi hija”, detalla para Infobae Perú.
Pese a que lo vivido —y lo que aún le toca vivir— es sumamente complicado, la mamá de Shirley Villanueva, al igual que muchas otras madres cuyas hijas fueron víctimas de feminicidio, pudo encontrar apoyo a lo lago del camino. Ella cuenta que en el activismo y el feminismo no solo ha logrado formar una comunidad en la que se siente respaldada, sino que también se ha llenado de fuerza para continuar exigiendo el cumplimiento de los derechos de su hija.
“Lo que yo quiero, como digo siempre, es saber la verdad. Esa es mi lucha: yo lucho por saber qué pasó, por saber la verdad. Para yo poder continuar con mis proyectos de vida porque, desde que pasó, es como si mi vida también se hubiera detenido en esto. Ya no tanto en el dolor porque los primeros años sí me afectó demasiado, pero ahorita un poco más fuerte, pero siempre buscando justicia. Y así pasen los años, mientras yo esté aquí, voy a seguir, voy a seguir hasta saber qué pasó con mi hija”, describe.
Impunidad y revictimización por parte del sistema de justicia peruano
Otras de las desilusiones que tuvo que afrontar Norma durante el proceso que emprendió a nombre de su hija llegó con el papel que desempeñó el sistema de justicia peruano. La revictimización constante, que se evidenció desde el momento en el que la Policía no aceptó su denuncia por la desaparición de Shirley, es una de las situaciones que más rechazo le causa.
“Todos estos años yo he terminado decepcionada. Lo he vivido en carne propia, he sentido la impunidad y la indiferencia de los mismos operadores de justicia. No se encuentra apoyo y hacen que una se sienta mal. Se ve que —a mi percepción— es como si apoyaran a los culpables, a los sospechosos, y dejan de lado a las víctimas o a las madres como yo, que buscamos justicia y confiamos en que el Estado nos va a apoyar, pero no es así”, lamenta.
Por su parte, Cecibel Jiménez, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán que está detrás del caso, opina que se dieron un gran número de irregularidades en el abordaje legal, principalmente en torno a lo que considera como una “indebida validación de las pruebas”. Según la especialista, existen inconsistencias en los hechos narrados por los imputados —quienes dijeron que habrían decidido entrar a nadar y que una ola muy fuerte los habría tomado por sorpresa—, como que se pusieron de acuerdo para desaparecer las cosas de Shirley, que no alertaron de lo ocurrido a las autoridades y que mintieron en sus versiones.
“La Fiscalía aún no ha llegado a argumentar por qué se le da un mayor valor probatorio, por ejemplo, a los testimonios de estas tres personas (que son sindicadas como sospechosas), por qué se le da mayor valor probatorio a esas declaraciones que dicen que fue un accidente y no se ha sustentado por qué no estaríamos ante un feminicidio”, acota.
Caso Shirley Villanueva: una luz de esperanza en medio del proceso legal
Jiménez explica que, en un proceso o en una investigación penal, primero se evalúan los hechos y, en el marco de los indicios que haya, se puede investigar en las personas por determinados delitos. Lamentablemente, en el caso de Shirley Villanueva, se determinó el archivamiento de la investigación por feminicidio en contra de los tres imputados y se optó por continuar por delitos menores, como omisión al auxilio, el cual prescribió y por el que nunca fueron a prisión.
Pese a las diligencias de búsqueda que se pusieron en marcha en el mar y de forma aérea en reiteradas ocasiones, nunca se ha llegado a encontrar el cuerpo de la joven estudiante de 24 años. Frente a esto, Flora Tristán decidió presentar una demanda de amparo en la vía constitucional, la cual fue respondida por la Primera Sala Constitucional, en la que se hallaba el caso.
Dicho ente declaró el recurso como fundado en parte, por lo que señaló que el archivamiento era nulo y que la Fiscalía debía emitir un nuevo pronunciamiento, en el cual se tuvieran presente todos los indicios y argumentos de la defensa de Shirley Villanueva. Con esto, lo que debería ocurrir, de acuerdo a la abogada, es que el expediente regrese al Ministerio Público a fin de que se formalice la denuncia por feminicidio contra los sospechosos para continuar la investigación.
“Formalizarla; es decir, continuar con la investigación, no quiere decir que ellos van a ser necesariamente declarados culpables por así decirlo. Formalizar una investigación implica que hay indicios suficientes para creer que este delito se hubiera cometido, y eso es lo que debió haber hecho en su momento la Fiscalía. Debió haber dicho: ‘Okay, tengo toda esta lista de delitos y todos estos indicios me dicen que se pudieron haber cometido’. Y eso es lo que no se hizo”, ahonda.
Para Jiménez, a pesar de que hay un periodo de 90 días señalados, no hay un lapso en el que esto podría ocurrir, ya que aún se está a la espera de que la Primera Sala Constitucional remita el expediente al juzgado de origen, el cual luego tendrá que llegar a la Fiscalía para que recién se ponga en marcha el proceso descrito.