El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil declaró inválidas las pruebas obtenidas de los servidores Drousys y My Web Day B, sistemas donde Odebrecht registraba los sobornos, en el caso Cócteles, proceso donde se acusa a Keiko Fujimori de lavado de activos, organización criminal y otros delitos.
Así lo decidió el juez supremo brasileño José Antonio Dias Toffoli en la resolución que declara procedente el pedido del exministro y coacusado de Fujimori Higuchi, Jaime Yoshiyama Tanaka, quien solicitaba extender los efectos de la resolución que benefició al expresidente Ollanta Humala en el juicio por lavado de activos.
“Extiendo los efectos de la decisión para declarar que las pruebas obtenidas de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizadas en el acuerdo de indulgencia (idéntico a la colaboración eficaz en Perú) firmado por Odebrecht, son inimputables en el ordenamiento jurídico brasileño en lo que respecta al demandante (Yoshiyama)”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae Perú.
Dias Toffoli invalida las pruebas debido a que, a consideración del Supremo Tribunal Federal, son “poco fiables”. Esto a raíz de que la referida Corte Suprema brasileña determinó que hubo fallas en la cadena de custodia de los datos obtenidos de los servidores donde se registraban las operaciones del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, donde se encontraba la denominada ‘Caja 2′.
Además de suprimir las pruebas conseguidas desde los servidores Drousys y My Web Day B, el juez reiteró que está prohibido en Brasil practicar diligencias de cooperación derivadas de estos elementos. Esta restricción fue lo que impidió que Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exejecutivos declaren en el juicio contra Ollanta Humala en agosto de 2023.
En la carta que remitió la empresa Odebrecht al Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional, que tiene a su cargo el juicio contra Humala, la compañía afirma que los exdirectivos podrían ser procesados penalmente en Brasil si desacatan la orden judicial y se presentan en el proceso en Perú.
“El eventual incumplimiento de la decisión judicial dictada por el Supremo Tribunal Federal representaría, en opinión de diferentes abogados brasileños, la práctica de un ilícito penal por el delito de desacato a la autoridad”, decía la misiva.
Odebrecht, además, propuso que las autoridades peruanas tramiten una nueva carta rogatoria ante la Justicia de Brasil en la que se precise que los exdirectivos, cuando declaren ante la Justicia peruana, no se referirán a las pruebas declaradas prohibidas por el STF.
¿Qué es lo que sigue?
Si bien la resolución del STF canceló la declaración los exdirectivos de Odebrecht en el juicio contra Ollanta Humala, el Tercer Juzgado Colegiado Penal Nacional aún no ha fijado una posición: si la decisión de la Corte de otro país tiene efectos en la justicia peruana o no.
“La gran pregunta que hasta ahora no han respondido los tribunales peruanos es si van a aceptar o no extender los efectos de las sentencias del tribunal de Brasil. Porque podrían no aceptarlo. (...) Esa va a ser la gran discusión jurídica”, señaló el abogado César Nakazaki a Infobae Perú.
En diálogo con este medio, el exministro Wilfredo Pedraza, abogado de Humala, indicó que invocarán la decisión del juez Dias Toffoli cuando los elementos relacionados a los servidores Drousys y My Web Day B sean materia de evaluación en el juicio oral.
“El tema es muy simple: Si en el Brasil esas pruebas son calificadas como pruebas ilegales, obviamente la ilegalidad de una prueba es un concepto universal. No tendría que tener aplicación aquí tampoco (las pruebas obtenidas de Drousys y My Web Day B)”, declaró.
Pedraza, además, considera que la declaración de ilegalidad también se extendería a los otros acusados del caso, como la exprimera dama Nadine Heredia.
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