Policía de Trujillo interviene velorio y se lleva el féretro con el cadáver por no tener el certificado de defunción

En un hecho más particular en La Libertad, oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) interrumpieron un servicio funerario para incautar el cuerpo de un hombre debido a la ausencia del certificado de defunción requerido. El incidente ocurrió en el asentamiento humano Santa Lucía, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc, donde familiares y amigos se congregaban para despedir a Milton Vásquez Cortez, de 33 años, quien falleció en circunstancias aún por esclarecer.

Vásquez Cortez, un trabajador de una mina local, sufrió un malestar que lo llevó a la muerte mientras se dirigía a un centro médico. Su cuerpo fue retirado de su última morada y trasladado a la Morgue para realizar la autopsia que determine la causa exacta de su deceso. La intervención de la PNP fue grabada, capturando el momento en que los agentes retiraban el féretro de la residencia familiar bajo la resistencia de los dolientes.

EL Jefe de la Depincri de Pacasmayo, sin revelar su identidad, confirmó que se había recibido un informe sobre una camioneta negra que entregó el cuerpo sin vida del individuo a sus familiares. Sin un certificado que verifique la causa de la muerte de Vásquez Cortez, las autoridades se vieron en la obligación de actuar para garantizar el cumplimiento de los procedimientos legales.

En Trujillo (La Libertad), durante el periodo de estado de emergencia, desde el 14 de febrero hasta el 12 de marzo de 2024, se registró una significativa disminución en homicidios, contabilizándose únicamente 4 muertes violentas. Esta cifra muestra un contraste notable comparado con las más de 30 muertes violentas reportadas durante el mes de enero del mismo año, según la información revelada durante la segunda sesión ordinaria del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana (Coprosec).

El notable decrecimiento en los índices de violencia surge como resultado de una serie de esfuerzos colaborativos, encabezados por organismos de seguridad de la provincia, desde la promulgación del estado de emergencia. Así lo enmarcaron en la sesión del Coprosec, destacando además la ausencia de secuestros y el reporte de 49 denuncias relacionadas con extorsiones en el mismo periodo. Una iniciativa clave presentada en este contexto fue la propuesta de ley del alcalde del distrito de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, dirigida a endurecer las penas para los delitos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos, y hasta proponer la cadena perpetua para quienes sean hallados culpables de extorsionar.

Los esfuerzos por reforzar la seguridad en Trujillo no se limitan únicamente a la implementación de medidas de emergencia, sino también a la integración de nuevos miembros al Coprosec, como representantes del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), el penal de mujeres de Trujillo, y el Centro de Emergencia Mujer (CEM). El gerente de Seguridad Ciudadana, César Campaña Alemán, destacó que este descenso en los índices de criminalidad es fruto de la labor mancomunada entre las diversas instancias involucradas y puso énfasis en la importancia de continuar por esta senda para asegurar la paz y seguridad de los ciudadanos.

La gran presencia de criminales en la provincia de Trujillo, que experimentaba un aumento en casos de sicariato, robo y crimen organizado generó como respuesta del Gobierno una medida ya conocida desde el año pasado: la declaratoria de emergencia en el territorio con el objetivo de aumentar la presencia policial y el apoyo de las Fuerzas Armadas para luchar contra la inseguridad ciudadana. Esta medida, inicialmente planteada por un periodo de 60 días (2 meses), inició oficialmente el día 14 de febrero y ya ha superado los primeros 30 días.