Ayer, cerca de las 11 de la noche, el Congreso promulgó y posteriormente se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Ley N.° 31989 que aprueba la derogatoria de la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1607, cuyo objetivo era ayudar a combatir la minería ilegal en el país.
La modificación trae consigo distintas preocupaciones por parte de especialistas y miembros de la sociedad civil en defensa del ambiente, quienes comparan esta situación con la polémica Ley Antiforestal, debido la falta de oposición del Gobierno de Dina Boluarte y otros sectores del Ejecutivo.
Ahora, con la legislación aprobada, se teme un aumento en los niveles de deforestación y degradación ambiental, además de incrementar los conflictos territoriales, complicando aún más los desafíos de combatir la economía ilegal en zonas especialmente vulnerables y ricas en biodiversidad, como la Amazonía peruana.
¿Qué le espera exactamente al país con la Ley N.° 31989?
El abogado Dino Carlos Caro Coria explica que esta nueva norma deroga disposiciones fundamentales del Decreto Legislativo 1607, debilitando la capacidad de la Policía Nacional del Perú (PNP) para combatir esta actividad ilícita.
Esto se debe principalmente a que la ley revoca la facultad de la PNP de actuar contra aquellos mineros que operen con inscripciones suspendidas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y utilicen materiales explosivos, lo cual anteriormente se consideraba un delito grave bajo el artículo 279 del Código Penal.
Asimismo, elimina el plazo establecido de 90 días para que los mineros informales demuestren la obtención de permisos correspondientes de los titulares de las concesiones mineras.
En otras palabras, la derogación permite que continúen las operaciones de extracción en tierras ajenas sin las autorizaciones necesarias, agravando el problema de la minería no regulada en el territorio nacional.
Hasta ahora, se sabe que el Poder Ejecutivo no presentó objeciones a la Ley N° 31989. Esto a pesar de que el Decreto Legislativo fue previamente promulgado por el Gobierno.
“Es muy contradictorio que el Poder Ejecutivo no observara esta Ley que, apenas en 3 meses, deja sin efecto un Decreto Legislativo (el 1607) promulgado por el propio Poder Ejecutivo”, escribió Caro en su cuenta de X (antes Twitter).
Ley fortalece crimen organizado en Perú, advierten
Para conversar más a fondo de los impactos en torno a esta nueva disposición, Infobae Perú conversó con Manuel Zapata, abogado especialista en delitos ambientales y vocero del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), espacio conformado por organizaciones de la sociedad civil que nació a partir de la preocupación por enfrentar el avance de la minería ilegal y otras actividades que amenaza la biodiversidad.
Zapata comentó que: “la derogatoria de la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.º 1607 por parte del Congreso es un acto cómplice para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal. Cabe recordar que esta disposición se da en un contexto más amplio que es la lucha contra el crimen organizado que está en aumento y que ha copado territorios, desplazando y reemplazando al Estado en muchos de ellos. Es muy preocupante la influencia de intereses particulares perversos en el Congreso de la República”.
Asimismo, el representante de OMI recalcó que con esta norma la PNP enfrentaría obstáculos aún mayores en su lucha contra el crimen organizado debido al recorte en la delegación de facultades del Ejecutivo, lo que resultaría en la ineficacia de estrategias exitosas para regular la formalización de la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE).
“Se ha debilitado la actuación de la PNP en el combate contra el crimen organizado y se ha dejado sin efecto los acertados lineamientos para ordenar la formalización de la MAPE y enfrentar la ilegalidad de aquellos que estando suspendidos del Reinfo que continuaban realizando actividad utilizando artefactos o materiales explosivos sin contar con la autorización administrativa”, señaló Zapata.
Impactos económicos
La minería ilegal en el país causa pérdidas económicas significativas, ascendiendo a aproximadamente 3 mil 900 millones de dólares al año. Esta actividad ilícita, concentrada en gran medida en la región de Madre de Dios, involucra a entre 40 mil y 50 mil personas.
Además, en 2022, se reveló que el 45 % del oro exportado por el país no tenía un registro de producción legal. En esa línea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identifica a esta práctica como la principal amenaza de lavado de activos en la nación, subrayando el volumen de dinero que moviliza y las considerables pérdidas que genera para la economía nacional, equivalentes al 2.5 % del Producto Bruto Interno (PBI).
Al respecto, Zapata explica: “El impacto económico es uno de los varios impactos que ocasiona la minería ilegal debido a su naturaleza pluriofensiva, entonces no esperemos que dichos impactos disminuyan si el escenario de criminalidad se mantiene o se agudiza, en el Perú la minería ilegal es un ancla que se afianza cada vez más en nuestro territorio debido a que tiene operadores políticos en el Congreso de la República que viene propiciando escenarios favorables a la criminalidad, dinamita los esfuerzos estatales y debilita el marco legal para mitigar el flagelo de la minería ilegal”.
Pero los problemas en torno a la minería ilegal no terminan ahí, pues, han pasado ya once años desde que se promulgaron diversos decretos legislativos para combatir la economía ilegal en el territorio nacional sin ningún resultado concreto. Entre ellos, Zapata el Decreto Legislativo 1105.
“El DL 1105 creó el proceso de formalización minera que -como todo proceso de adecuación- debió ser temporal, no obstante, continua vigente desnaturalizando su propósito y convirtiéndolo en una gran ventana de impunidad para aquellos mineros que continúan operando sin cumplir con las exigencias mínimas técnicas, ambientales y sociales”, detalló el representante de OMI.
Sin embargo, según Zapata, esa no es la disposición más controvertida del Ejecutivo, pues, también está la exención de responsabilidad penal para aquellos inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), quienes, a pesar de no ser investigados por el Ministerio Público, sí son susceptibles de fiscalización por parte de los Gobiernos regionales.
Aunque la falta de recursos logísticos, técnicos y presupuestarios en estas instancias de gobierno ha limitado severamente la capacidad de supervisión sobre los mineros en proceso de formalización.
“Lamentablemente la precariedad logística, técnica y presupuestaria de los gobiernos sub nacionales impiden un adecuado control de los sujetos en vías de formalización”, precisa Zapata.
Otros efectos silenciosos
No obstante, el impacto de esta economía ilegal no solo se mide en términos financieros, sino también en los efectos negativos que tiene sobre el medio ambiente y la sociedad.
Por ejemplo, Zapata precisar que, por ejemplo, la extracción de oro sin controles adecuados conlleva la deforestación, la contaminación de los ríos con mercurio y otros químicos tóxicos, afectando directamente a las comunidades indígenas y locales, y a la biodiversidad de áreas como Madre de Dios, reconocida antes como una de las más biodiversas del mundo.
Además, la minería ilegal a menudo está vinculada a otras formas de crimen organizado, incluyendo la explotación laboral y la violación de derechos humanos mediante la trata de personas.
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