Criminalidad en Perú ocasiona pérdidas de hasta 35 mil millones en el 2023

Luis Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), ha dado a conocer que en el 2023 la criminalidad y delincuencia en el país generaron pérdidas económicas de hasta S/ 35 millones. Estas cifras podrían haber impulsado un crecimiento del 3% del Producto Interno Bruto (PBI), evidenciando el grave impacto de la inseguridad en la economía.

Según Salazar Nishi, este análisis llevado a cabo por el Banco Interamericano de Desarrollo y actualizado por el economista Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, se presenta en un momento particularmente delicado para el Perú.

Pues, el líder industrial expresó su preocupación sobre la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno y Estado para detener el avance de la delincuencia.

Hoy, están en espera de una convocatoria por parte del Ministerio del Interior (Mininter), específicamente de su titular, Víctor Torres, para abordar estas inquietudes.

Actualmente, la población identifica a la delincuencia y al crimen organizado como las principales amenazas a su seguridad y calidad de vida. Este problema ha escalado a ser la preocupación más grande para el 62% de los peruanos, quienes demandan soluciones efectivas y liderazgo firme en la lucha contra esta realidad.

Sobre ello, el secretario general adjunto de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gustavo Minaya, destacó el sicariato como una de las manifestaciones más violentas de la delincuencia que requiere de esfuerzos conjuntos, poniendo como prioridad la vida y seguridad de las personas.

En ese sentido, como parte de los esfuerzos para combatir el problema, resaltó la urgente necesidad de unidad entre gremios y trabajadores frente a la crisis de seguridad que vive el país.

Por su lado, el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Jorge Zapata, ha resaltado que la mencionada pérdida económica es el resultado de varios factores que están causando graves efectos.

Según Zapata, los empresarios, especialmente aquellos ubicados en las zonas periféricas, enfrentan extorsiones que los llevan al cierre de negocios, a disminuir las horas de operación y al pago de “cupos” impuestos por criminales.

Además, tanto empresarios como ciudadanos deben incurrir en gastos adicionales para medidas de seguridad. Todo esto contribuye a la suma total de las pérdidas económicas afectadas por la delincuencia.

Ante la ausencia de un plan concreto del Ejecutivo para contrarrestar el aumento de la inseguridad, los gremios de trabajadores y sectores empresariales han convocado una marcha con el objetivo de exigir soluciones inmediatas a esta situación crítica que impacta tanto a la fuerza laboral como al sector empresarial.