Fernando Ugaz, abogado del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), sufrió el lunes pasado un espasmo muscular mientras exponía en una audiencia de control de requerimiento mixto contra su patrocinado, a quien se le atribuye la recepción de sobornos por las obras Lomas de Ilo y el hospital de Moquegua cuando fue gobernador de Moquegua (2011-2014).
El letrado debió ausentarse por unos minutos de la cita judicial, que se trasmitía en vivo por Justicia TV, para luego requerir un receso. “Señora magistrada, disculpe, me está dando un calambre. Pido mil disculpas, un minuto por favor [...] estoy esperando que me pase”, dijo a la jueza Margarita Salcedo, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria del Corte Superior.
La jueza dispuso una pausa de diez minutos, mientras que el fiscal Osías Castañeda solicitó más tiempo para su intervención. Al reanudarse la sesión, Ugaz reapareció más aliviado. “Ante todo agradezco su gentileza y la de todos los presentes por permitirme caminar un ratito, es la primera vez que me está pasando eso”, mencionó.
La audiencia fue reprogramada para el último viernes. Este proceso penal, que inició en marzo del 2021, implica al exgerente del Proyecto Pasto Grande, José Núñez Herrera, también investigado por cohecho pasivo propio. Salcedo deberá revisar la acusación y determinar si hay requisitos para que ingrese a la etapa de juicio oral.
Por este caso, Vizcarra enfrenta una solicitud fiscal de 15 años de cárcel por supuestamente haber recibido 2,3 millones de soles en coimas de empresas que se adjudicaron obras de infraestructura en su región cuando fue gobernador, antes de ser presidente.
El exmandatario ha sido inhabilitado por el Congreso por 10 años por el sonado caso del ‘Vacunagate’, referido a la irregular vacunación contra el coronavirus en 2020, y por otros cinco años por supuestos vínculos ilegales con empresas cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones en la administración de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Esta semana, la Fiscalía allanó la vivienda del expresidente y del exministro de Transportes, Edmer Trujillo, como parte de la investigación que sigue contra una presunta red corrupta durante ese Gobierno. La medida, realizada por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, comprendió las viviendas de ambos exfuncionarios tanto en Lima como en la región sureña.
La vivienda de Vizcarra quedó rodeada por un cordón policial mientras los fiscales realizaban el operativo en el interior, que incluyó la incautación de documentos. Según la tesis fiscal, la red criminal denominada ‘Los intocables del sur’ se originó en 2014 y se mantuvo cuando llegó a Palacio, cuatro años después.
Los investigadores sostienen que el exgobernante concertó para tomar el control de Provías Descentralizado (PVD), donde, durante 2019 y 2020, presuntamente se cometieron hechos ilícitos en tres proyectos por más de 200 millones de soles (54,2 millones de dólares).
En esta causa, el Poder Judicial ya ha dictado prisión preventiva para Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, exfuncionarios de PVD, con el objetivo de “evitar la obstaculización en la investigación por el presunto direccionamiento de obras”.
Caso ‘Swing’
El Congreso también oficializó en la víspera una acusación penal contra Vizcarra por la contratación irregular del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros a en 2020 para ofrecer asesorías al Ministerio de Cultura, sin estar capacitado para ello. Cisneros confirmó que conoció a Vizcarra en la campaña electoral de 2016, pero aseguró que “nunca” ha sido su amigo.
El intérprete defendió su contratación con el argumento de que obtuvo medallas cuando fue deportista, lo que le otorgaba el derecho a trabajar en la gestión cultural o deportiva de cualquier organismo estatal.
La decisión fue publicada en el boletín de normas legales del diario El Peruano, con lo que quedó lista para la formación de una causa penal por los delitos de tráfico de influencias agravado, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la Justicia.
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