Congreso verá cinco cambios laborales más: sueldo mínimo, utilidades y protección sindical en juego, ¿de qué tratan?

Hace unos días, el Pleno del Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que incrementa el periodo de licencia por paternidad de 10 a 15 días a trabajadores del sector público y privado. Incluso en algunos casos se podría extender hasta los 25 días. En la mira del Parlamento existen otras cinco propuestas que buscan cambiar la situación laboral de los empleados que involucran la extensión de la jubilación, cálculo de utilidades y la fijación de una pauta para elevar la Remuneración Mínima Vital, entre otros, según reúne un informe publicado por Gestión.

En enero pasado, la Comisión Permanente del Congreso dio luz verde a un dictamen que extiende de 70 a 75 años la edad máxima para el cese de un trabajador, o también denominada jubilación obligatoria, tanto en el sector público como privado. El dictamen fue agendado en el pleno del Congreso listo para su debate.

Entre las medidas contempladas, se incluye la elevación de la edad de jubilación de 70 a 75 años y restricciones en la extensión de beneficios laborales a trabajadores no afiliados a sindicatos La edad legal de jubilación es 65 años, pero el trabajador puede seguir optando por laborar hasta los 70, de manera obligatoria.

La modificación en la edad de retiro busca adaptarse al aumento en la esperanza de vida, permitiendo a los trabajadores permanecer activos en el mercado laboral hasta los 75 años.

Un dictamen agendado en el Pleno del Congreso propone cambios a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que impedirían a las empresas extender beneficios negociados con sindicatos minoritarios a trabajadores no afiliados. La propuesta, aprobada previamente por la Comisión de Trabajo ya está lista para su debate en el Pleno.

En detalle, la propuesta propone prohibir que las empresas extiendan automáticamente los beneficios acordados con sindicatos minoritarios a empleados no afiliados. En contraste con los acuerdos con sindicatos mayoritarios, donde los beneficios pueden extenderse a no afiliados.

En 2022, un decreto del Ministerio de Trabajo permitió la extensión de beneficios con un sindicato minoritario previo acuerdo bilateral, pero el nuevo dictamen busca prohibir completamente esta posibilidad.

En la agenda del pleno del Congreso también figura un dictamen elaborado en base al proyecto de ley 105/2021-CR, el cual otorga mayor protección contra el despido de dirigentes sindicales. La iniciativa legislativa establece que en adelante, para desvincular a un dirigente sindical, la empresa tendrá que solicitar la autorización de un juez, el cual evaluará el cumplimiento de una causa justa para el despido.

Otras iniciativas en discusión incluyen la modificación de las normas para el reparto de utilidades, priorizando los días laborados sobre el nivel de remuneraciones, y estableciendo nuevas reglas para el ajuste del salario mínimo, con el objetivo de ofrecer mayor previsibilidad y equidad en el mercado laboral.

En el caso del reparto de utilidades a los trabajadores, el cambio que se propone en el dictamen y que reúne los proyectos de ley N° 456 y N° 783, es que los trabajadores con menores ingresos reciban un monto mayor.

El nuevo dictamen propone modificar la forma en que se calcula el reparto de utilidades, otorgando mayor peso a la cantidad de días trabajados en comparación con el nivel de remuneración. Actualmente, el monto total de utilidades se divide en partes iguales: el 50% se distribuye según los días laborados y el otro 50% según los niveles de remuneración. Sin embargo, el dictamen propone cambiar estos porcentajes, asignando el 75% del reparto basado en los días laborados y solo el 25% según los niveles de remuneración.

Otro dictamen en la agenda del pleno se basa en el proyecto de ley N° 718, que establece pautas para fijar la Remuneración Mínima Vital (RMV) y su ajuste periódico. Según el proyecto, el aumento del salario básico no puede ocurrir antes de un año desde el último incremento, ni después de dos años. Respecto a los criterios para determinar la RMV, se consideran la inflación (impacto en el poder adquisitivo), el costo de vida (necesidades básicas familiares), los niveles de productividad y las proyecciones económicas a largo plazo.