El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, rechazó la tutela de derechos formulada por la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, con la que buscaba que la fiscal suprema Delia Espinoza no la siga investigando por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y otros.
En la resolución a la que accedió Infobae Perú, Checkley concluye que Espinoza Valenzuela es “la única habilitada y competente” para conocer la investigación contra Benavides. Ello debido a que el actual fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, se excusó de conocer el caso ya que es testigo en la pesquisa, al igual que Pablo Sánchez.
Incluso, Villena y Sánchez ya han declarado ante el despacho de Delia Espinoza, la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Fueron convocados debido a que estuvieron presentes en las sesiones de Junta de Fiscales Supremos donde se tocó el tema de la inhabilitación de Zoraida Ávalos.
Además, el juez Juan Carlos Checkley argumenta que Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez tampoco podrían haberse hecho cargo del caso ya que, cuando explotó el caso ‘La fiscal y su cúpula de poder’, solicitaron a Patricia Benavides renunciar al cargo de fiscal de la Nación.
“Los señores fiscales supremos Juan Carlos Villena Campana y Pablo Sánchez Velarde, tienen la condición de testigos en la presente investigación fiscal, por lo que, en garantía de imparcialidad y defensa de una investigación respetuosa del derecho a un debido proceso, resulta manifiesta la imposibilidad que cualquiera de ellos pudiera haber asumido o, asumir actualmente, la conducción de esta investigación; máxime si se ha puesto de manifiesto que la fiscal suprema Benavides Vargas consideró que ellos habían adelantado opinión respecto al caso, al solicitarle su renuncia al cargo de fiscal de la Nación que ejercía”, se lee en el documento.
PJ valida excusa de Juan Carlos Villena
El juez Checkley también valida el hecho de que Juan Carlos Villena se haya excusado de conocer el caso y haya derivado la investigación al despacho de Delia Espinoza. Eso sí, advierte que “lo correcto” hubiera sido que se lo derivara a Pablo Sánchez para que este también formulara su excusa de conocer el caso. Pero, sostiene el juez, “no puede obviarse una situación fáctica y jurídica real que es, que ambos, han declarado como testigos en la presente investigación, por lo que no podrían estar a cargo de esta investigación”.
“Si tenemos en cuenta que aparte del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, solo existían otros dos fiscales supremos titulares que podían hacerse cargo de la investigación, que eran los fiscales supremos Pablo Sánchez y Delia Espinoza, y que de ellos, el doctor Sánchez Velarde se encontraba en similar situación a la que originó la excusa del mencionado fiscal de la Nación, resulta razonable que el conocimiento del caso haya sido derivado y asumido por la Fiscal Suprema Espinoza Valenzuela, a cargo de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos”, concluye Checkley.
Juan Carlos Checkley rechazó la tutela de derechos en todos los extremos. Por ejemplo, Patricia Benavides solicitaba que se excluyan las pruebas obtenidas por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP); sin embargo, estas nunca fueron incluidas como elementos de convicción, sino que fueron consideradas en su conjunto como una noticia criminal para dar inicio a la investigación preliminar.
Es por esto que Jaime Villanueva declara en la carpeta fiscal a cargo de Delia Espinoza como testigo y no como colaborador eficaz. El exasesor solo tiene dicha condición especial ante el EFICCOP.
Se cae denuncia constitucional
La semana pasada, Patricia Chirinos, junto a otros congresistas investigados, presentó una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, solicitando su inhabilitación por 10 años, por su supuestamente no tener competencia para investigarlos.
Los argumentos de la denuncia constitucional son los mismos que alegó la defensa de Patricia Benavides en sus pedidos de tutela de derechos. Incluso, esto fue advertido por la propia Fiscalía de la Nación en el comunicado donde rechazan el intento de los parlamentarios de inhabilitar a Espinoza Valenzuela.
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