El próximo 11 de abril, el Poder Judicial anunciará la sentencia del caso Saweto, según ha informado la jueza Ana Bedoya Maque.
El juicio determinará la culpabilidad de los acusados en el asesinato del jefe de la comunidad de Saweto, Edwin Chota Valera, y de los dirigentes Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez. Los cuatro líderes indígenas ashéninkas, quienes fueron víctimas por su lucha contra la tala ilegal en la comunidad de Alto Tamaya Saweto, en el departamento Ucayali.
La Fiscalía ha solicitado una pena de 35 años para los implicados, esperando que el veredicto sirva como un precedente en la lucha contra la impunidad y la protección de líderes indígenas y defensores ambientales.
Homicidio calificado, crueldad y alevosía
El pedido de la Fiscalía, representada por Vannie Robles Sajami, culminó una etapa crucial del juicio durante la cual se destacaron los argumentos en contra de José Carlos Estrada Huayta, Hugo Soria Flores, Eurico Mapes Gómez, y los hermanos Josimar y Segundo Atachi Félix.
Todos enfrentan cargos por homicidio calificado, descritos como actos de “crueldad y alevosía” en relación con los asesinatos de Edwin Chota Valera, Jorge Ríos Pérez, Leoncio Quintisima Meléndez y Francisco Pinedo Ramírez, ocurridos el 1 de septiembre de 2014.
Durante la presentación de alegatos finales, la fiscal enfatizó en las pruebas forenses que demostraban la brutalidad de los crímenes cometidos.
“En febrero del 2023, casi 9 años de caminar habíamos ya obtenido una sentencia de primera instancia, en la cual estas personas habían sido privadas de su libertad a 28 años de pena privativa de libertad. Pero, a la fecha, luego se declaró nula esta sentencia y nuevamente se inició un juicio oral, ¿qué significa esto? 9 años ya han pasado y no podemos obtener una justicia justa y firme”, recordó Yusen Carazas, representante legal de las familias de las víctimas, vía RPP.
Casi 10 años buscando justicia
A lo largo de estos casi diez años de búsqueda de justicia, el impacto del Caso Saweto se ha extendido más allá de la corte, movilizando a diversas comunidades indígenas y organizaciones.
Entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU), Asociación de Comunidades Nativas Asháninkas Asheninkas de Alto Tamaya (Aconamac) y la Organización de Jóvenes Indígenas de la Región Ucayali (Ojiru).
Los representantes de estas organizaciones indígenas, junto a los familiares de los fallecidos, han realizado distintas manifestaciones en la ciudad de Pucallpa (Ucayali), reforzando el pedido justicia y la protección efectiva para los líderes indígenas y defensores ambientales.
Por ello, la sentencia pendiente en el Caso Saweto es vista como un momento decisivo para la justicia en el país, y para la defensa de aquellos que defienden el ambiente y los derechos de las comunidades indígenas frente a actividades ilegales como la tala.
En ese sentido, la atención ahora se centra en la decisión que tomará el Juzgado Penal Colegiado Conformado y su posible impacto en la lucha contra la impunidad en casos de violencia en el contexto de los pueblos indígenas.
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