La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó la recusación interpuesta por la empresaria Sada Goray contra los magistrados de la Quinta Sala de Apelaciones Nacional, quienes están a cargo del caso Fondo MiVivienda, donde también está implicado el periodista Mauricio Fernandini.
Esta decisión fue fundamentada en la insuficiencia de pruebas sobre la supuesta parcialidad alegada contra los jueces Sonia Torre Muñoz, María Felices Mendoza, y Jhonny Contreras Cuzcano, quienes habían confirmado anteriormente 30 meses de prisión preventiva para Goray.
El recurso presentado por la defensa de Goray argumentaba falta de imparcialidad por parte de estos magistrados, específicamente tras la confirmación de la prisión preventiva en octubre de 2022. Sin embargo, el juez supremo César San Martín, presidente de la Sala Penal Permanente, aclaró que la mera discrepancia con una decisión judicial no constituye una base válida para solicitar la recusación de jueces.
Se subrayó además que, según jurisprudencia, es necesario proporcionar evidencia concreta o causas legítimas que justifiquen el temor a una posible parcialidad.
Sada Goray es investigada por el delito de colusión agravada entre otros cargos, bajo la sospecha de haber efectuado pagos indebidos superiores a S/ 5 millones a Salatiel Marrufo, exjefe de gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, y a Geiner Alvarado, exministro del mismo sector.
Estos pagos tendrían el objetivo de beneficiar indebidamente los negocios inmobiliarios de la empresa Marka Group, la cual Goray dirigía como gerenta general, procurando su injerencia en el manejo del Fondo Mi Vivienda, en detrimento del Estado.
Reclaman soluciones por estafa de inmobiliaria vinculada a Sada Goray
El pasado jueves 14 de marzo, un grupo de familias afectadas por el incumplimiento de proyectos inmobiliarios de Marka Group, liderada por Sada Goray, realizaron un plantón frente a la sede de Fondo MiVivienda, entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El motivo de su protesta es exigir la devolución íntegra de sus inversiones tras haber sido víctimas de estafas en diversos proyectos localizados en Lima, Barranca, Piura, Tarapoto e Ica.
Este incidente surge en el contexto de un escándalo de corrupción que implicó a Fondo MiVivienda y Marka Group, a la cual se le adjudicaron seis proyectos bajo el programa Techo Propio con una inversión que asciende a S/ 277 millones 113 mil 901. Un informe revelado por la Contraloría General de la República destacó que 26 directivos y empleados del Fondo favorecieron de manera inapropiada a la empresa de Goray, permitiéndole operar como Entidad Prestamista No Supervisada (EPNS) y facilitar créditos hipotecarios para los proyectos en cuestión.
Durante la manifestación, representantes de los perjudicados se reunieron con funcionarios del Fondo MiVivienda para buscar soluciones. Una alternativa ofrecida, según los afectados, es que MiLima, nombre actual de la empresa después de un cambio de razón social, proponga reembolsos mediante cheques, aunque con una reducción del 30 al 50% del total invertido. Muchas familias han rechazado esta propuesta por considerarla insuficiente, dado que sacrificaron bienes personales y adoptaron estilos de vida más modestos en la esperanza de obtener un hogar.
Los afectados continúan buscando una solución que les permita recuperar íntegramente sus aportes y, con ello, la posibilidad de acceder a una vivienda digna.
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