“Tener prendas de vicuña está prohibido”: Agricultores de Lucanas proveen la lana más fina al mundo y no han logrado salir de la pobreza

En los altos Andes peruanos, habitantes de la comunidad de Lucanas, en Ayacucho, realizan un ancestral trabajo de esquila de vicuñas, un camélido cuyos finos pelos son altamente cotizados en el mercado internacional de lujo. Sin embargo, la remuneración que reciben por este meticuloso esfuerzo plantea serias interrogantes sobre la justicia y equidad dentro de este arduo trabajo que lleva años.

Andrea Barrientos, una agricultora de 75 años, participa en esta actividad sin recibir una compensación económica, reflejo de una problemática más amplia que afecta a toda su comunidad. “Barrientos hace ese trabajo con decenas de personas de su comunidad, arreando vicuñas silvestres por varios kilómetros en una meseta remota a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar”, cuenta el revelador informe de la agencia Bloomberg.

Las vicuñas, caracterizadas por su lana de extraordinaria suavidad y valor, son fuente de un producto final que alcanza precios exorbitantes en capitales de la moda como Nueva York, Milán y Londres. Un suéter de vicuña de la marca italiana Loro Piana, propiedad del conglomerado LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton SE), puede venderse por unos 9.000 dólares. Esta empresa está controlada por Bernard Arnault, cuya fortuna se estima en 202.000 millones de dólares según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La discrepancia en la compensación es notable: mientras que productos terminados de piel de vicuña alcanzan precios astronómicos, la comunidad de Lucanas recibe aproximadamente 280 dólares por una cantidad de fibra de vicuña que no compensa adecuadamente el esfuerzo y dedicación de sus miembros, que viven en una de las zonas más frías y pobres del Perú.

Más aún, un estudio encomendado por el gobierno peruano en 2018 reveló que el 80% de la población de Lucanas afirmaba no haberse beneficiado económicamente de su participación en el comercio de la vicuña.

En contraste con los beneficios limitados para la comunidad, la demanda por prendas de vicuña parece incrementarse junto con la oferta. Actualmente, más de 200 mil vicuñas habitan el Perú, representando casi la mitad de la población de estos camélidos en el mundo.

Sin embargo, el pago que reciben los comuneros de Lucanas ha decrecido en un 36% en la última década, revelando una tendencia preocupante en la distribución de los ingresos generados por esta actividad.

Resulta paradójico que, a pesar de su crucial papel en la conservación y explotación de la vicuña, miembros de la comunidad como Barrientos y Papias Sosaya, especialista en capturar los animales durante su esquila, nunca han tenido una prenda de vicuña. “Yo nunca he tenido una prenda de vicuña… porque está prohibido”, indica la mujer, señalando una desconexión entre el trabajo comunitario y los lujosos productos finales disponibles solo para una élite global.

El proceso de comercialización de la lana de vicuña ha estado regulado internacionalmente desde que un tratado estableció un mercado legal para evitar su extinción por caza indiscriminada. Este acuerdo dictaminaba que los ingresos derivados debían beneficiar a los pobladores andinos, una promesa que, según la realidad descrita por los miembros de la comunidad Lucanas y las instituciones académicas y gubernamentales, parece hasta ahora incumplida.

Además, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de Perú (Serfor) reconoce que la esquila de vicuña “no llega a la mejora de calidad de vida de los comuneros”, indicando que algunas comunidades han encontrado en el turismo una fuente de ingresos más significativa.