EGIS, la compañía encargada de la construcción de la nueva Carretera Central, una ambiciosa obra destinada a aliviar el congestionamiento en la única vía asfaltada que actualmente une Lima con el centro del país, registra un vasto historial de sobornos, según un informe difundido el viernes por Hildebrandt en sus trece.
La constructora que dará viabilidad a este proyecto legado de la presidenta Dina Boluarte, el más grande de la historia del país, ha sido denunciada por corrupción en Panamá, India, Argelia y Gabón. El prontuario, además, le ha costado su ingreso a la lista de empresas inhabilitadas por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El convenio bajo la modalidad “de gobierno a gobierno” fue firmado con Francia durante la gestión del expresidente Francisco Sagasti (2020-2021). Y la administración de Emmanuel Macron la eligió para ejecutar esta obra que, según pronósticos del Gobierno, permitirá una conexión más rápida y eficiente con el aeropuerto internacional Jorge Chávez, el puerto del Callao y el futuro megapuerto de Chancay.
El último 4 de enero, semanas antes de que comenzara la elaboración del Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI), la firma francesa firmó un acuerdo de conciliación con el BID en el que reconocía haber sobornado a funcionarios panameños a cambio de la adjudicación de obras, a uno de los cuales lo compró con 16 mil dólares. El caso sigue en investigación.
En Gabón, país de África Central, sobornó con ocho millones de euros a Pascaline Bongo, la hija y asesora principal del entonces presidente Omar Bongo, cuyo régimen ha sido salpicado por acusaciones de fraude electoral y corrupción. Los hechos ocurrieron entre el 2009 y 2011. Tres altos ejecutivos de la compañía están entre los acusados, recoge la revista de investigación, basada en documentos judiciales.
El tercer caso de corrupción ya tiene sentencia. En 2019, EGIS aceptó que pagó sobornos para hacerse con el contrato de remodelación del aeropuerto de Orán (Argelia), un caso en el que estuvo implicado el ministro de Transportes de esa nación. Para esconder las coimas, se simuló un contrato de consultoría con una empresa offshore situada en Islas Vírgenes.
En 2018, el BM sancionó a una filial de la compañía en Indonesia con una inhabilitaron de 15 meses por “práctica fraudulenta”, ya que dio información falsa sobre “personal altamente especializado” para llevar adelante el proyecto Resiliencia Climática de Carreteras. En 2020, además, emitió un comunicado para anunciar que había decidido sancionar a su sede en la India por sus prácticas “corruptas y fraudulentas” en dos proyectos de carreteras.
El rostro de EGIS en Perú es la administradora Natalia Rey de Castro, exasistente personal del exgobernante Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y exconsultora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). En la nueva Carretera Central, los franceses están a cargo del “Proyecto Management Office” (PMO), es decir, desde el diseño de la vía hasta el contrato de empresas constructoras que echarán el asfalto, lo que exige numerosos viaductos y túneles para atravesar transversalmente los Andes, cuya geografía y orografía son complicadas y caprichosas.
Antes de que la revista haga público este expediente, la firma emitió un comunicado en el que señaló que “las empresas implicadas en el suceso (corrupción en Panamá) no trabajan en la gestión de los proyectos que PMO Vías tiene a cargo en el Perú” y que tiene “tolerancia cero ante cualquier violación de las normas éticas”.
El futuro trayecto, que exigirá un financiamiento de 6.185 millones de dólares, contará con 136 kilómetros de longitud, en dos vías de dos carriles cada una. Así se dará una nueva alternativa a la actual Carretera Central, la única arteria por la que la capital se abastece de alimentos y otros productos de primera necesidad procedentes de la sierra y la selva central, que se encuentran al otro lado de los Andes.
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