Congresista Segundo Montalvo es elegido presidente de la Comisión de Fiscalización: ¿Quién es y qué casos verá?

Luego de denunciar un “giro ideológico”, el parlamentario Wilson Quispe, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Fiscalización, renunció a Perú Libre. En su lugar, y por unanimidad, la bancada designó a Segundo Montalvo.

Tras su elección, Montalvo agradeció la confianza: “Asumo este reto con mucha responsabilidad y expectativa personal de contribuir en esta legislatura con la comisión”. Además, destacó que su gestión atacará al flagelo de la corrupción y las organizaciones criminales que saquean los recursos del Estado afectando a las personas de bajos recursos.

En ese sentido, señaló que uno de los primeros en ser invitados al grupo de trabajo será al contralor Nelson Shack, a fin de que brinde información sobre los presuntos actos de corrupción en el 2023, ya que un informe de esa entidad detalla que se perdió más de 24 millones de soles por este mal.

El parlamentario de 58 años ingresó al Congreso siendo candidato número 1 en la lista de la región Amazonas. Antes de ocupar un curul registró en su declaración jurada de bienes y renta un patrimonio de S/ 2 mil 136, según Ojo Público. No obstante, este monto aumentó significativamente durante su labor congresal. En casi dos años, el medio advirtió que su patrimonio aumentó en más de 50 veces.

El portal también informó que el entonces candidato registraba una sentencia del Juzgado Civil Mixto de Utcubamba por presuntos maltratos psicológicos contra su papá Toribio Montalvo Jilca.

Parte de las polémicas alrededor de su gestión son sus proyectos de ley. El funcionario presentó una iniciativa a favor de la formalización de los taxis colectivos en Lima Metropolitana y Callao.

Aunque mencionó que está a favor de las reformas que mejoren la calidad del transporte urbano, su historial no lo coloca de ejemplo. Además de tener la licencia de conducir cancelada, aparece como imputado penalmente en el distrito fiscal de Amazonas por los presuntos delitos de robo, usurpación y otros, según el diario El Comercio. Por si no fuera poco, también se destacó que tiene, al menos, cinco papeletas.

Otro de sus proyectos que generó el pronunciamiento y rechazo del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) fue la conocida ‘Ley mordaza’, con la cual proponía prohibir la publicación de noticias que “puedan perjudicar el honor, buena reputación e intimidad personal”.

Para ello, sugirió modificar los artículos 132 y 132 del Código Penal “teniendo en cuenta que en la actualidad se viene proliferando la difamación en todos los medios de comunicación, redes sociales y sitios web de divulgación masiva y que como resultado de esta se vea perjudicado los derechos fundamentales al honor, la buena reputación y la intimidad de la persona”, expuso en el documento.

El CPP calificó la medida de “un asedio a la libertad de expresión”; mientras que la ANP consideró que “reviste especial peligro en un país en el que, según data de la ANP, el acoso judicial y la instrumentalización del sistema de justicia son de las mayores afectaciones a la libertad de prensa, considerando que más de 150 periodistas han sido llevados a tribunales en todo el territorio nacional en los últimos cinco años”.

En su exposición, el legislador adelantó que investigará la ampliación del aeropuerto de Jorge Chávez y “el de Pisco que no se usa y es un elefante blanco”. “También las obras del Metro de Lima, la masificación de gas, obras de agua y alcantarillado, así como los peajes abusivos y las principales carreteras del interior del país”, acotó.

En otro momento, el parlamentario Jorge Marticorena pidió que haya más sesiones extraordinarias a fin cubrir más temas, como las presuntas irregularidades en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Por su parte, el parlamentario Héctor Valer (SP) solicitó que se priorice la constitución de una comisión investigadora al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para determinar si habría existido presuntos actos de corrupción que vincularían al expremier Alberto Otárola y su familia en Áncash.