El 17 de abril de 2019, cuando el expresidente Alan García (1949-2019) se suicidó en su residencia mientras iba a ser detenido de manera preliminar por su presunta vinculación con el caso Odebrecht, dos celulares Samsung fueron incautados por el Equipo Especial Lava Jato y, desde entonces, permanecen lacrados.
La acusación por corrupción provenía de su segundo mandato, en el cual la constructora brasileña, según la tesis fiscal, le pagó unos 6,2 millones de euros por adjudicarse la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.
García ya no está incurso en el proceso, pues con su muerte se extinguió toda acción penal en su contra, pero el equipo de fiscales considera que en los teléfonos confiscados podría hallar información relevante sobre otros investigados. Ministros y colaboradores cercanos del exgobernante están bajo sospecha.
Para la el Ministerio Público, los integrantes de la presunta red criminal, que habría estado liderada por García, tuvieron comunicación entre sí “con correos electrónicos, aplicación de chats y llamadas por WhatsApp, llamadas telefónicas”, de modo que requirió al Poder Judicial intervenir estos equipos.
Aunque el petitorio fue desestimado en 2021, este sábado el juez Leodán Cristóbal, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó que el primer despacho del equipo Lava Jato, a cargo de José Domingo Pérez, tenga acceso a esos móviles.
En rigor, el magistrado ha dispuesto la apertura, extracción, recuperación, lectura, examen, análisis, acceso, visualización, registro y almacenamiento de correos electrónicos, comunicaciones y demás correspondencias informáticas almacenadas tanto en las memorias de los celulares y las tarjetas SD.
De acuerdo con la resolución, la data que sea extraída deberá estar “únicamente vinculada a la investigación formalizada” por presunto lavado de activos y otros delitos, una medida que el juez consideró idónea, necesaria y proporcional.
El fallo prohíbe que se recupere información ajena al proceso, y que se levante el secreto de las comunicaciones de Luis Nava, el exsecretario presidencial que señaló al exdirectivo de Odebretch, Jorge Barata, de entregar las coimas en maletines y loncheras al expresidente. Con ese dinero, según la declaración, García compró bienes y propiedades.
“En cuanto a los límites del levantamiento del secreto de las comunicaciones contenido en los equipos telefónicos solicitados, debe dejarse en claro que ello no afectará a personas protegidas con la inmunidad prevista en la Constitución, sujetos a un procedimiento especial (Congresistas, Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional, etc.)”, se lee en el documento judicial.
La investigación fiscal incluye el testimonio del exdirector de Petroperú, Miguel Atala, quien confesó a los fiscales que actuó como testaferro del expresidente y contó que se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero.
También sigue la pista a una transferencia de US$1,3 millones por parte de la offshore Klienfeld —creada por Odebrecht— a la empresa Ammaring, que Atala representaba. En abril de 2019, el exdirectivo señaló que el dinero recibido en esa cuenta, mediante la banca privada de Andorra, era propiedad del exmandatario.
García se quitó la vida después de que un grupo de policías y fiscales llegó a su casa, en el acomodado distrito limeño de Miraflores, para detenerlo de manera preliminar. Tras encerrarse en su habitación, se disparó con un arma de fuego en la cabeza y fue llevado de urgencia a un hospital cercano, donde murió horas después.
El exgobernante fue despedido en unos funerales multitudinarios celebrados en La casa del pueblo, el histórico local del Partido Aprista Peruano (PAP), ubicado en el centro de Lima, y sus restos fueron cremados el 19 de abril. Su muerte generó polémicas y enfrentamientos entre seguidores y detractores, que no se han atenuado con el paso del tiempo.
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