Existe basta evidencia sobre los efectos negativos que ocasiona la minería ilegal en la economía, en el medio ambiente, en la salud de las personas, y además de todo ello, indicios de que promueve mafias, incluso financiando partidos y campañas políticas. No obstante, la “lucha” contra el desarrollo de esta actividad pareciera resumirse, o incluso limitarse, a simples definiciones o un fallido proceso de formalización que de poco o nada ha servido para contrarrestar la situación.
De acuerdo con datos de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), la minería ilegal genera pérdidas al país por alrededor de los S/ 23,000 millones, lo que equivale a un 2.5% del PBI nacional. Según estimaciones de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), esta actividad genera ganancias por encima de los US$ 8,000 millones anuales, casi S/ 30,000 millones, con los cuales estaríamos cubriendo alrededor del 70% de la brecha de infraestructura para agua y saneamiento en nuestro país. Y, según un estudio de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), en el Perú, la minería ilegal representa el 28% de la producción nacional de oro.
Si bien los números hablan de cuantiosos recursos que se generan de esta actividad, tengamos en cuenta que esto no se traduce en desarrollo. Uno de los casos más visibles es el de Madre de Dios, uno de los departamentos más afectados, donde el 90% de la actividad minera sería ilegal. Si bien en términos de pobreza monetaria, Madre de Dios mantiene una tasa del 13.6% a 2022, la pobreza multidimensional afecta al 46% de su población; es decir, casi 1 de cada 2 pobladores del departamento carece de al menos un servicio básico. Así, mientras que la población contaría con suficientes recursos económicos para subsistir, no contaría con servicios básicos que le aseguren una calidad de vida digna.
Por otro lado, de acuerdo con un estudio del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), la deforestación por minería en el departamento de Madre de Dios superaría las 23,000 hectáreas en los últimos tres años. Dicha extensión de territorio equivaldría a seis veces el distrito limeño de Chorrillos.
De acuerdo con los resultados del estudio del MAAP, el incremento de la minería ilegal en la zona de La Pampa, en Madre de Dios, ha sido exponencial en los últimos años. A pesar de la Operación Mercurio, iniciada en 2019 y culminada en 2021, que desplegó fuerzas del orden, policiales y militares en la zona para erradicar esta actividad ilícita, y se encontraron alrededor de 150 gradas, hacia mediados de 2023 se habrían identificado alrededor de 600.
Una de las alternativas de solución para frenar el avance de la minería ilegal fue el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), existen 87,000 mineros inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Sin embargo, 70,000 no cumplen con los requisitos básicos solicitados, como tener RUC o reportar cuánto mineral extraen. Con la consideración de informales y no ilegales, estas personas están protegidas de la ley y no pueden ser fiscalizadas ni sancionadas. Ergo, la inscripción en el Reinfo habría dado luz verde para desarrollar minería ilegal, puesto que habría facilitado la compra de explosivos y la comercialización de oro sin fiscalización alguna.
Recientemente, el Congreso de la República del Perú derogó la primera disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que contemplaba medidas para frenar el crimen organizado asociado a la minería ilegal en el país, en tanto limitaría el accionar de la Policía Nacional para controlar el tráfico ilícito de explosivos que esta actividad ilícita usa. Incomprensible decisión del Congreso, que incluso habría violentado el estándar mínimo del proceso legislativo para aprobar proyectos de ley, habiendo presentado la normativa, exonerado del debate en comisiones y aprobado en el pleno en un solo día. ¿Qué hay detrás?