Congreso retrocede en lucha contra la trata de personas y aprueba reducir la rendición de cuentas de autoridades

En el Perú, el Sistema de Gestión Fiscal del Ministerio Público ha registrado una alarmante cifra relacionada con la trata de personas al contabilizar 29 mil 400 denuncias desde el 2018 hasta abril del 2023. Esta problemática, que constituye un grave delito y que ha ido en aumento en el transcurso de este año, constituye una grave forma de violencia de género.

De acuerdo a la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Ucavit), afecta desproporcionadamente a mujeres, adolescentes y niñas en circunstancias de extrema vulnerabilidad. Dicha realidad fue evidenciada por data de esta entidad la que tuvo acceso Infobae Perú, la cual indica que, en el país, a lo largo del 2023, se reportaron 721 víctimas mujeres (85%) y apenas 124 hombres (15%).

Otra de las dificultades para su erradicación se debe a lo complejo que resulta llevar a los culpables ante la justicia, un panorama que solo aumenta la impunidad y continúa con la perpetuación del círculo de violencia. En medio de esto, el Congreso de la República aprobó el último miércoles 13 un proyecto ley, de autoría del parlamentario Alejandro Muñante Barrios (Renovación Popular), que reducirá las obligaciones de rendición de cuentas de las autoridades en casos de trata de personas.

El Proyecto de Ley N.° 5712/2023-CR, impulsado por el grupo parlamentario Renovación Popular, modifica la Ley 29918 y establece que ahora las autoridades solo acudirán ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Comisión de Mujer y Familia para informar sobre los avances de la política nacional contra la trata de personas.

De esta manera, queda eliminada la necesidad de que el primer ministro, así como los ministros del Interior y de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, comparezcan ante el Pleno para informar sobre dichas materias.

Esta última —es decir, la incorporación del MIMP en la rendición de cuentas— fue otra de las modificaciones aceptadas; sin embargo, para Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director ejecutivo de la organización especializada en la protección de los derechos humanos CHS Alternativo, el artículo 3 de la Ley N.° 29918, la cual quiere modificarse, ya prevé la participación de este sector.

Dicha decisión ha generado polémica en diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que este cambio podría limitar la transparencia y el acceso a la información sobre temas críticos relacionados con la justicia y la seguridad de los grupos más vulnerables.

Una de las organizaciones que han adoptado esta postura es CHS Alternativo, que ha expresado profunda preocupación por la probable violación de los derechos de las y los peruanos víctimas de trata de personas. ”No se puede bajar el nivel a la rendición de cuentas mientras el delito sigue creciendo”, enfatizó Valdés.

Además, recalcó que el Perú ya cuenta con una ley contra la trata de personas y una política nacional, que involucra a 11 sectores del Estado y cuatro organismos autónomos, que son liderados por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Valdés precisó que, en los últimos cinco años, 14 presidentes del Consejo de Ministros y 20 ministros del Interior han incumplido su deber de rendir cuentas sobre la lucha contra la trata de personas, una problemática que se extiende más allá de las competencias de solo dos comisiones del Parlamento.

No obstante, consideró que esta medida debe mantenerse por ser es especialmente importante. Ante este panorama, se hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que observe la autógrafa de ley y al Pleno del Congreso para que no eluda su responsabilidad en el tema, a fin de informar qué se está haciendo para erradicar el delito y asistir a los miles de víctimas.