Poder Judicial admite a trámite recurso de Alejandro Toledo para continuar proceso en libertad

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente de la República, Alejandro Toledo (2001 - 2006), en su intento de enfrentar en libertad el juicio en su contra vinculado al escándalo de corrupción de Odebrecht.

Esta decisión fue tomada por el juez Richard Concepción Carhuancho, quien halló que la apelación cumplía con todos los requisitos necesarios para su admisión. Toledo busca revocar una resolución anterior que le negaba la posibilidad de excarcelación.

La defensa legal de Toledo Manrique demanda que se revoque la resolución judicial que emitió el Juez Víctor Zúñiga el pasado 22 de febrero, fecha en la que declaró improcedente el pedido de excarcelación de su patrocinado.

La defensa de Toledo argumenta que el expresidente debería ser liberado dado que ya ha superado los 18 meses de prisión preventiva impuestos inicialmente por Carhuancho en 2017. Contabilizan los ocho meses que el exmandatario pasó detenido en Estados Unidos y los diez meses en prisión en Perú.

No obstante, el juez Víctor Zúñiga refutó este planteamiento, destacando que el plazo de prisión preventiva empezó a contar desde el regreso de Toledo al Perú, el 23 de abril de 2023, tras su extradición, lo que fija el vencimiento de la medida para octubre de 2024.

La apelación será ahora considerada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá fijar una audiencia virtual para evaluar los argumentos presentados por la defensa de Toledo, con la participación de todas las partes involucradas en el proceso.

En paralelo a este contexto, el fiscal José Domingo Pérez Gómez ha solicitado una condena de 20 años y seis meses de prisión para Toledo, además de una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos, acusándolo de colusión y lavado de activos.

Alejandro Toledo, extraditado el 23 de abril de 2023, enfrenta el proceso judicial que podría culminar en su sentencia, convirtiéndolo en el primer exmandatario peruano en recibir una condena por delitos relacionados con corrupción.

Toledo se encuentra acusado de colusión y lavado de activos, bajo la sospecha de haber recibido sobornos de la empresa constructora Odebrecht a cambio de favorecerlos en la adjudicación del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Perú-Brasil. El juicio está siendo llevado a cabo por el Segundo Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional y, de ser encontrado culpable, el exmandatario podría enfrentar hasta 35 años de prisión.

El núcleo de la acusación gira en torno a la presunta colaboración entre Toledo y Jorge Barata, representante de Odebrecht, para beneficiar a la constructora en la obtención del proyecto mencionado.

Según las investigaciones, el expresidente habría aceptado sobornos que ascenderían a 20 millones de dólares, los cuales fueron depositados en cuentas offshore. La fiscalía sostiene estas acusaciones argumentando la existencia de una red de corrupción que operó para garantizar que Odebrecht obtuviera contratos de forma ilícita, marcando este caso como uno de los más significativos en la lucha contra la corrupción en América Latina.

En 2013, Perú se vio estremecido por el descubrimiento de operaciones financieras y adquisiciones inmobiliarias millonarias llevadas a cabo por Ecoteva Consulting Group, una empresa offshore con base en Costa Rica. Este escándalo, conocido como el caso Ecoteva, surgió por la opacidad en el origen de los fondos utilizados, incitando una investigación por parte del Ministerio Público peruano que vinculaba estrechamente a la empresa con la madre de Eliane Karp, esposa del expresidente Toledo.

La indagación fiscal reveló que Ecoteva habría servido como vehículo para ocultar y lavar dinero conseguido por medios presuntamente ilícitos, incluyendo sobornos que habrían sido recibidos por Toledo. A través de esta empresa, se compraron dos propiedades de lujo en Lima y se pagaron hipotecas asociadas al exmandatario.