Recientemente, la Corte Superior Justicia de Amazonas, con sede en Utcubamba, Amazonas, desestimó la demanda de amparo interpuesta por Roger Yampis Akuash, líder de la comunidad de Nazareth, contra Petroperú.
Esta acción legal, promovida en julio de 2023, con el apoyo del Instituto de Defensa Legal (IDL), buscaba obligar a la petrolera estatal a realizar reparaciones y mejoras en la gestión ambiental del Oleoducto Norperuano.
Sin embargo, la justicia determinó que la demanda era infundada, a pesar de los informes que señalan a Petroperú como responsable de numerosos derrames en la región amazónica.
Por su lado, la defensa de Yampis argumentó en la demanda que estos hechos constituyen una violación de derechos fundamentales como la salud, la alimentación y el acceso al agua, además de los derechos específicos de los pueblos indígenas a un ambiente sano.
Tras el rechazo inicial de la demanda, las comunidades han presentado una apelación. El debate judicial tuvo lugar este miércoles, 13 de marzo, buscando revocar la decisión anterior y demandar acciones concretas de parte de Petroperú para mitigar el impacto ambiental causado por el oleoducto, que atraviesa su territorio desde hace más de cuatro décadas.
¿Qué ocurrió en Chiriaco en enero de 2016?
La acusación central se dirige a la falta de mantenimiento adecuado del Oleoducto Norperuano, el más largo del Perú, que derivó en un derrame de petróleo hace más de ocho años.
El hecho ocurrió exactamente el 25 de enero del 2016, en el kilómetro 441 del mencionado oleoducto, específicamente en el distrito de Imaza, Condorcanqui, región Amazonas, punto donde se liberó el crudo.
El desastre dañó las áreas de cultivo locales y contaminó el río Chiriaco, que desemboca en el Marañón, afectando a las comunidades nativas Nazareth, Umukai, el caserío Puerto Pakui, entre otros.
Desde entonces, la población indígena de esta zona del país se mantiene en pie de lucha en defensa del agua y la vida.
Línea de tiempo de daños
En 2019, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) concluyó que Petroperú fue responsable del desastre debido a una negligencia en el mantenimiento del infraestructural del Oleoducto Norperuano.
Dicha falta de atención causó la fuga de petróleo y, consecuentemente, sus perjuicios ecológicos y sociales. En esa línea, las comunidades afectadas y las autoridades ambientales han mostrado su preocupación por el impacto en la salud de la población y su bienestar.
A través del Instituto de Defensa Legal (IDL), Edwin Montenegro, exlíder de la Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Norte (Orpian), advierte la grave situación en la que se encuentra el agua, vital para el sustento de las comunidades nativas.
Asimismo, indica que la contaminación ha provocado la mortandad de peces y amenazas para la vida acuática y humana en la zona.
Por ello, este juicio marca un punto crucial en el largo proceso de búsqueda de justicia y reparación para las comunidades afectadas por el derrame, ya que buscan se esclarezcan las responsabilidades y establezcan precedentes para la protección ambiental y el respeto a los derechos de los pueblos originarios en el Perú.
Según investigaciones periodísticas de Convoca, la compañía ha estado involucrada en al menos 75 de derrames de petróleo entre 2011 y 2022.
Estas emergencias han puesto en riesgo la salud y el bienestar de las comunidades indígenas de Amazonía, cuya subsistencia depende en gran medida de los recursos naturales de los ríos.
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