Las consecuencias de la derogación de la ley que frenaba el avance de la minería ilegal

La noche del último miércoles, el Congreso de la República aprobó, con 78 votos a favor, la derogación de una norma esencial en la lucha contra la minería ilegal en el país.

La medida derogada, proveniente del Decreto Legislativo 1607, había sido inicialmente establecida por el Ejecutivo y facultaba a la Policía Nacional del Perú (PNP) a tomar acciones contra la tenencia ilegal de explosivos, particularmente en casos donde los implicados tenían su inscripción suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), padrón administrado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Para lograr la derogatoria de dicha disposición, nueve de once bancadas firmaron un acta virtual que facultó la exención del dictamen en comisión para llevar el debate directamente al Pleno.

Dentro de ese conjunto, están Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Cambio Democrático - Juntos por el Perú, Podemos Perú, Bloque Magisterial de Concentración Nacional, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular, Perú Bicentenario y Somos Perú.

Si bien el Decreto Legislativo 1607 —ahora anulado— habilitaba a la Policía a actuar contra aquellos mineros cuya inscripción estaba suspendida en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), en el debate, Segundo Quiroz, presidente de la Comisión de Energía y Minas, argumentó que el decreto no ofrecía ventajas para resolver la problemática de formalización de la minería de pequeña escala como la artesanal.

Esto a pesar de que la legislación daba un lapso de 90 días a los mineros informales para justificar el permiso del concesionario de la mina en cuestión.

Respecto a la norma, cabe mencionar que, antes de que se ejecute el cambio del Congreso, los efectivos policiales tomaban medidas en contra de la tenencia ilegal de objetos que permite la explotación de minerales, de forma ilegal.

Ahora, con la modificación, las personas que se encontraban en el Reinfo ya no figurarán ahí, causando que la minería ilegal siga teniendo oportunidad de invadir concesiones, y de hacer actividades ilícitas.

En esa línea, durante el Pleno, Quiroz también resaltó que, de los 87 mil 146 mineros registrados en el Reinfo, solo el 21% mantiene su inscripción activa, mientras que el 79% restante enfrenta suspensiones.

No obstante, la derogación atiende, según palabras del legislador, a las demandas de los mineros en proceso de formalización, los cuales han llevado a cabo movilizaciones a nivel nacional en los últimos días exigiendo la revisión de esta medida por parte del Congreso.

En tanto, el Minem ha manifestado su respeto por las competencias y decisiones del los congresistas con relación al reciente debate sobre cómo mejorar el proceso de formalización de la minería en pequeña escala.

Asimismo, han subrayado su compromiso de adherirse al proceso legal actual, asegurando que continuará sus labores dentro del marco que dictamina la ley vigente.

Al respecto, el abogado en materia ambiental César Ipenza señaló a través de cuenta de X (antes Twitter) que esta derogatoria otorga facilidades a los mineros informales que no cumplieron con sus compromisos previos.

Además, Ipenza ha explicado en sus redes sociales que esta acción supone un intento por parte del Estado para otorgar la legalidad a aquellos que ejercen la minería sin contar con las autorizaciones correspondientes. Con ello, ahora se teme un aumento de la minería informal, que suele tiene un impacto negativo en el ambiente y en la economía formal.