La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró este jueves la vacancia de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, quienes fueron cesados por el Congreso la semana pasada tras una polémica votación en la que algunos legisladores cambiaron sus votos. Las resoluciones por separado llevan la firma de Antonio de la Haza, presidente del máximo órgano de la Judicatura, y disponen oficiar a la Comisión Especial para que asuman sus suplentes.
Ambos juristas, de los más reconocidos miembros de la JNJ, fueron inhabilitados por diez años para el ejercicio de la función pública, pese a que expertos en la materia consideran que la decisión es inconstitucional, afecta la independencia del sistema de justicia y se trata de una venganza política.
“Por encontrarse impedido[s] de ejercer las funciones inherentes” corresponde “declarar la vacancia [...] estando a lo expuesto, y de conformidad con los artículos 18, 19, 22, 24 inciso e y 72 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia”, se lee en documento.
Después de que se hiciera pública la resolución de su vacancia, Vásquez se pronunció en la plataforma de X, antes Twitter: “[Las] inhabilitaciones producidas con fraude a la ley, y sus consecuencias, tendrán que ser revertidas por la justicia”, apuntó el magistrado, quien anunció en una entrevista con La República que recurrirá “al Poder Judicial o el ámbito supranacional”.
El pleno rechazó inhabilitar a otros cinco miembros de la JNJ, entre ellos De la Haza, pero sancionó previamente a Tello con solo un voto más de los 66 requeridos por ley, tras lo cual rechazó una petición para repetir la votación planteada por un sector que se oponía a esa medida. Parlamentarios del fujimorismo, la derecha y la extrema izquierda, que impulsaron la sanción contra la JNJ, alcanzaron por un único voto, los necesarios para suspender al vicepresidente Vásquez.
Durante la votación, que se prolongó durante más de cuatro horas, tras un debate previo de otras tres horas, los legisladores rechazaron el planteamiento de también cesar a los magistrados Imelda Tumialán, Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala.
Tello y Vásquez ahora deberán ser reemplazados por los miembros suplentes en estricto orden de mérito, reordenado a raíz de una sentencia del Tribunal Constitucional que falló por incorporar al excongresista Marco Tulio Falconí como miembro de la Junta.
El primer miembro suplente hábil es el doctor Guillermo Thornberry, señalado por el colaborador eficaz Jaime Villanueva como informante de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Thornberry ya se ha incorporado a la JNJ en reemplazo de José Ávila, quien renunció tras mencionado, precisamente, por Villanueva en unas declaraciones ante el Ministerio Público.
Los siguientes suplentes hábiles son Abraham Siles y Mónica Rosell Med.
Congreso pide denunciar a Tello
En esta jornada, además, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, dispuso que el procurador del Parlamento denuncie a Tello por “su manifiesta intención de mantenerse ilegalmente como miembro de la JNJ”. La jurista había remitido un documento a para solicitar que se declare “inexistente” la votación que la inhabilitó, pues señaló que el legislador José Luna Gálvez no debió votar por ser parte de la Comisión Permanente, la antesala del Congreso por la que pasó el proyecto antes de llegar al pleno.
“He dispuesto que el procurador público del Congreso realice las denuncias penales, civiles, administrativas y constitucionales a que hubiere lugar. Desde el inicio he sido firme defensor del debido proceso y el derecho a la defensa. Con esa misma firmeza, invoco a los miembros de la JNJ a que se cumpla de inmediato con lo dispuesto por este poder del Estado”, anunció el titular del Legislativo.
Durante su exposición ante los diputados, Tello también había indicado que no pedía un trato especial, pero sí reflexión y respeto a sus derechos ante un caso que, según dijo, “va a sentar un precedente sobre el respeto que tiene este Congreso sobre los derechos humanos de todas las personas, en especial las mayores de edad”, ya que los diputados cuestionaban que siguiera en funciones aun cuando superó el límite de edad de 75 años.