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Pese a ser detenidos por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en posesión de cartuchos y artefactos explosivos en sus manos, tres presuntos extorsionadores identificados como Carlos Ávalos Fernández, Yoján Huylla Gerónimo y Andy Echevarría Blas fueron liberados a pedido de una fiscal de Trujillo. Según la representante del Ministerio Público, no existirían suficientes pruebas para inculpar a los hombres capturados.
Los sospechosos fueron detenidos por la PNP en el distrito de El Porvenir el 2 de marzo luego de haber detonado uno de los explosivos a las afueras de una vivienda en la calle Titu Cusi Yupanqui, posiblemente en un intento por amenazar a las personas en su interior.
La fiscal adjunta provincial de El Porvenir, responsable de esta liberación, Fiorella Gutiérrez Rodríguez, indicó que “a pesar de que se ha realizado en el plazo de 48 horas las diligencias a nivel preliminar, no se ha recabado los elementos de convicción suficientes para vincular a los investigados con los hechos materia de investigación”.
Gutiérrez también indicó en el documento que lleva su firma que no se habían realizado pericias necesarias “a fin de determinar si dichos objetos encontrados en su poder corresponden a municiones y dinamitas, que además se encuentren en buen estado de conservación y operatividad”. Por lo tanto, los presuntos extorsionadores fueron liberados porque no se verificó si los objetos realmente eran explosivos.
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Los presuntos criminales fueron liberados dos días luego de su detención, el 4 de marzo y se dispuso que se mantengan en calidad de citados.
Congresista solicita investigar a la fiscal que ordenó liberación
A raíz de esta polémica actuación por parte de la fiscal Gutiérrez, el congresista Juan Burgos pidió al Fiscal de la Nación, Juan Villena, iniciar investigaciones en contra de la magistrada para determinar su responsabilidad en la liberación de estos tres presuntos criminales.
Burgos indicó que la fiscal “(...) no habría realizado las diligencias urgentes y necesarias para recabar los elementos de convicción suficientes para acusar a los involucrados en los delitos de extorsión y uso de materiales exclusivos”, según el oficio enviado a Villena.
Además, en otro documento enviado a la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Lea Guayán Huaccha, solicitó que se envíe la documentación necesaria para determinar cuáles fueron los criterios que se utilizaron para dar libertad a los hombres intervenidos por la PNP.
Peruanos no confían en el Poder Judicial ni el Ministerio Público
El sistema de justicia en el Perú presenta una crisis de confianza. Esto es lo que revela una encuesta reciente elaborada por Datum a pedido de Lampadia en la que se indica que tanto el Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación son consideradas por los peruanos como instituciones “corruptas”.
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Según los resultados del estudio, la institución con peores registros es el Poder Judicial, pues se indica que el 85% de los peruanos no confía en la Corte Suprema de Justicia y que, de este grupo de ciudadanos, el 70% de ellos dice no confiar en este organismo al que lo consideran “corrupto” y que quienes los conforman “reciben coimas”.
La Fiscalía de la Nación también fue criticada por los ciudadanos, pues el 73% de quienes participaron en la encuesta indicaron que desconfían de esta institución. El motivo principal, al igual que en el caso de la Corte Suprema, es que se piensa que es “corrupta” y que recibe sobornos (63%). En segundo lugar, con 10%, se encuentra el conjunto de ciudadanos que considera que sus investigaciones toman mucho tiempo.
La encuesta de Datum también indica que los jueces y fiscales también se han visto afectados, pues el 34% y 32% de los ciudadanos los consideran como responsable de la liberación de los criminales que han sido capturados por la Policía Nacional del Perú.
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