La trata de personas, en la mayoría de los casos con fines de explotación sexual, representa una de las manifestaciones más alarmantes de la violencia de género, aunque no siempre recibe la atención que merece. Las víctimas, principalmente mujeres, adolescentes y niñas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, mientras que los responsables de estos crímenes a menudo escapan de la justicia debido a la impunidad en los procesos de denuncia y persecución.
Esto fue confirmado por la Unidad Central de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos (Ucavit): de acuerdo a información a la que tuvo acceso Infobae Perú, en el territorio nacional, a lo largo del 2023, se contabilizaron 721 víctimas mujeres (85%) y apenas 124 hombres (15%).
Frente a este completo panorama, que solo fomenta la perpetuidad del delito, desde el Congreso de la República surgió una iniciativa que tiene la finalidad de modificar el Código Penal con el objetivo de “establecer la pena de cadena perpetua para este delito”. La iniciativa corresponde a ldelso Manuel García Correa, integrante del grupo parlamentario Alianza para el Progreso.
PL propone modificar el artículo 129 de Código Penal
El Código Penal establece penas severas para los culpables de trata de personas. Además, define a este delito como aquellas acciones en las que “se emplea violencia, coacción, fraude, entre otros, para capturar y retener individuos con el fin de explotarlos”.
“Los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráco de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de explotación”, precisa la norma.
Actualmente, la ley dicta sanciones que oscilan entre los 8 y 15 años de prisión para los que incurran en esta actividad criminal. De esta forma, la propuesta del legislador García apunta a incrementar la sentencia a fin de combatir una de las formas más graves de violación a los derechos humanos, además de hacer énfasis en la necesidad de proteger a las víctimas de explotación.
“Para el año 2023, de acuerdo a lo informado por la Defensoría del Pueblo y la organización especializada CHS Alternativo, el delito de trata de personas movía en el Perú la suma de 1.300 millones de dólares al año, en donde los perpetradores de este delito obtenían una ganancia neta de 700 millones de dólares al año por actividades de explotación sexual derivada de la trata de personas y 600 millones de dólares por actividades de explotación laboral derivada de la trata de personas”, expresa la propuesta.
De acuerdo al documento presentado por el congresista de Alianza para el Progreso, dicha cifra, comparada con los 0,12 soles que el Estado invierte actualmente por persona para erradicar este delito, evidencia la necesidad de implementar medidas más drásticas.
Impunidad en la trata de personas: menos del 3% de denuncias alcanzan sentencias
En el Perú, durante el 2023, las cifras relacionadas con los procesos judiciales contra la trata de personas reflejan un índice de impunidad alarmante. De un total de 2.783 denuncias presentadas, únicamente 74 han culminado en sentencia, lo que representa cerca del 2,6% del total de casos, según datos proporcionados por el Poder Judicial para Infobae Perú.
La misma situación ocurre en Lima. Según la Fiscalía de la Nación, en la capital, de 471 acusaciones formales, apenas 7 han concluido en sentencia, lo que representa un preocupante 1,5%. Estas cifras demuestran la complejidad y los desafíos que enfrenta el sistema judicial en la lucha contra la violencia de género.
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