JNJ pide una medida cautelar al PJ para suspender inhabilitaciones de Inés Tello y Aldo Vásquez

Miembros inhabilitados por el Congreso buscan una resolución judicial que les permita mantenerse en sus cargos mientras se resuelve la acción de amparo

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Acción de amparo podría restablecer
Acción de amparo podría restablecer a Inés Tello y a Aldo Vásquez como miembros de la JNJ. Foto: composición Infobae

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) solicitó una medida cautelar al Poder Judicial para que se suspendan las inhabilitaciones por 10 años de la función pública a los consejeros Inés Tello y Aldo Vásquez, sanciones impuestas arbitrariamente por el Congreso. El pedido fue ingresado el último martes 12 de marzo, en horas de la tarde, según pudo conocer Infobae Perú.

La medida cautelar fue solicitada dentro del proceso de amparo que inició la JNJ contra el Congreso para anular la denuncia constitucional que se promovió en contra de los integrantes por la edad de la doctora Inés Tello.

“Precisamos que pedido cautelar se extiende a resoluciones legislativas 008-2023-2024-CR y 009-2023-2024-CR”, se lee en la sumilla del documento ingresado a la Primera Sala Constitucional de Lima.

Pedido cautelar de la JNJ
Pedido cautelar de la JNJ

Dichas resoluciones legislativas impiden que Inés Tello y a Aldo Vásquez se desempeñen como miembros titulares de la JNJ. Si bien mantienen su condición de titulares —debido a que la sanción fue inhabilitación y no destitución—, sus puestos deberán ser ocupados por los dos suplentes hábiles: Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina.

La Primera Sala Constitucional de Lima programó la audiencia de amparo para el 4 de junio; sin embargo, la medida cautelar, debido a su carácter de urgencia, puede ser resuelta antes de la referida fecha.

Oficializan archivo de acusaciones contra miembros de la JNJ

Este miércoles 13 de marzo, el Congreso publicó en el diario oficial El Peruano las resoluciones legislativas que archivan las acusaciones constitucionales contra 3 integrantes de la JNJ. Estos son Henry Ávila, Guillermo Thornberry y María Zavala.

Aún están pendientes las resoluciones de archivo respecto a Imelda Tumialán y el presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, cuya inhabilitación volvió a votarse el pasado lunes. Sin embargo, nuevamente, no se alcanzaron los votos necesarios para separarlo arbitrariamente del cargo.

Arzobispo de Lima defiende independencia de la JNJ

En una reciente misa, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, invocó al Congreso para que dejen “intereses particulares” y que exista diálogo tras la remoción de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.

“Hacemos un llamado a los miembros del Congreso a fin de que dejen intereses particulares, escuchando las diversas opiniones calificadas en torno a las decisiones que se toman al respecto a todas las denuncias que se han hecho a una institución del Estado que es importante. Para que haya diálogo y una salida constitucional y democrática. No se puede prescindir de un órgano constitucional tan importante como la Junta Nacional de Justicia”, expresó Castillo.

Constitucionalistas rechazan arremetida contra la JNJ

La Sociedad Peruana de Constitucionalistas, que reúne a docentes de diversas universidades del país, manifestaron su rechazo la inhabilitación de 2 integrantes de la JNJ por “motivaciones y objetivos políticos”.

“Para sancionar e inhabilitar a los miembros de la JNJ, el Congreso sostiene que son responsables de haber interpretado que la edad máxima de 75 años, prevista en el artículo 156.3 de la Constitución, era un requisito exigible al momento de acceder al cargo, pero no para la permanencia en su ejercicio, que dura 5 años. La interpretación de la JNJ se produjo hace 4 años y tuvo como fundamento la propia interpretación de la mayoría de los integrantes de la Comisión Especial encargada de designar a sus integrantes, donde se hizo explícito que el mandato era por 5 años, sabiendo que varios de los postulantes tenían una edad cercana a los 75 años”, se lee en el pronunciamiento.

Los constitucionalistas concluyen que la acción del Congreso ha “violado el orden constitucional, debilitando gravemente el balance y el equilibrio entre poderes del Estado, poniendo en riesgo la estabilidad democrática del país”.

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