El general EP en retiro Jorge Yánac Chávez, encarcelado por el robo de seis mil galones de petróleo —un caso ocurrido en 2107, cuando se desempeñaba como jefe del Servicio de Intendencia del Ejército del Perú (SINTE)—, contrató con una veintena de instituciones públicas, incluida la misma institución castrense donde laboraba, según una investigación difundida este martes por La República.
La compañía J.P.Y. Sports SRL, fundada por él y su familia en 2003, facturó unos S/26,3 millones entre 2012 y 2023 (en consorcio con otras compañías o de forma individual), gracias a la suscripción de 115 contratos que llevaban su rúbrica, tal como verificó el diario. Especialistas indicaron que Yánac no debió ser proveedor del Estado mientras estaba en funciones, mucho menos convenir con la entidad militar.
De acuerdo con el informe, el general aparece como accionista mayoritario de esa empresa que, originalmente, se dedicaría a la enseñanza de tenis y a la organización de eventos deportivos, según Registros Públicos. Sin embargo, J.P.Y. Sports SRL devino en proveedora de equipos e indumentaria deportiva, uniformes institucionales, útiles de escritorio y otros productos para la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, ministerios como Economía, Energía y Minas, Educación, Trabajo, y decenas de entidades estatales.
El primer contrato data del 30 de noviembre de 2012 y fue por una venta de equipos para gimnasios para la institución castrense. La compra fue ejecutada por el coronel EP Jorge Benites, jefe de la Oficina de Administración de la Comandancia General del Ejército, justo cuando Yánac laboraba en la Dirección de Economía de la institución. “Fue un contrato entre compañeros de trabajo”, reseña la investigación.
El uniformado se embolsó en total alrededor de S/5,3 millones del erario público, mientras estaba en actividad y ocupaba posiciones clave en el Ejército: fue subdirector de Planeamiento, Inversión pública y Presupuesto (2014); director de Economía (2015 y 2016); y jefe del Servicio de Intendencia (2017), un área que, coincidentemente, se dedica a la contratación de bienes y servicios, entre los proveedores se encuentra su sociedad.
“Un funcionario público que es accionista o representante legal de una empresa no puede contratar con el Estado. Si el general Jorge Yánac contrató con el Estado siendo un funcionario público, estaría inmerso en corrupción de funcionarios. Y si el general pasó al retiro, según la Ley de Contrataciones del Estado, tiene que pasar un año para que pueda contratar con las entidades públicas”, dijo el exfuncionario del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), Edgar Zúñiga.
“La Ley de Contrataciones del Estado establece una particularidad que depende de qué tanto porcentaje posee el accionista, en este caso el general. Si tiene más del 30% de las acciones en esa empresa, esta no puede participar en contratos con el Estado. Esos contratos son nulos”, dijo, por su parte, el abogado Marco Montoya, especialista en el tema.
La empresa de Yánac, sin embargo, consignó 84.000 participaciones, de las que el general registró 32.000 (un 38%, superior a lo permitido por ley), de acuerdo con data de Registros Públicos citada por el diario. Por renovación de cuadros, el implicado fue enviado al retiro el 31 de diciembre del 2017. Su abogado, Jaime Robles, dijo a La República que no haría comentarios respecto al destape periodístico.
En prisión
A inicios de marzo, Yáñac fue detenido en su residencia de Surco al ser vinculado con la organización criminal ‘Los Jefes’. Según las pesquisas, esta red se encargaba de redireccionar el combustible proveniente del grifo de Petroperú en Lima, que debía llegar hasta el grifo de la 31° Brigada Infantería de Huancayo.
En rigor, cerca de seis mil galones de petróleo —valorados en más de 50.800 dólares— fueron desviados con el presunto apoyo de allegados en puestos claves o encargados de grifos limeños, quienes justificaban la documentación para el desvío sistemático del combustible en provecho propio.
Junto con Yánac fueron arrestados el coronel Roberto Huamaní, exjefe de Abastecimiento; y el suboficial técnico Fidel Mogrovejo, delegado del SINTE, quienes también son investigados por peculado doloso agravado, infracción en la que se incurre cuando se usa un cargo para el uso o apropiación indebida de bienes públicos para sí o para un tercero.
La oficina administrativa del Comando de Educación y Doctrina del Ejército, el Departamento de Abastecimiento del SINTE y la 31° Brigada Infantería de Huancayo fueron intervenidas entonces como parte de la diligencia.
‘Gasolinazo reciente’
El ‘Gasolinazo’ más reciente en el Ejército fue denunciado en febrero pasado por el sargento Marco Auccatoma, quien mostró pruebas y contó cómo fue instruido por el comandante Jimmy Grandez para robar el combustible de las unidades de patrulla del Cuartel General —el Pentagonito—, para luego almacenarla en cilindros a escasos metros de su oficina.
Auccatoma contó a Panorama que su superior le ordenó salir, junto a otros compañeros, a la playa de estacionamiento para sustraer el combustible durante la noche, una acción que se repitió desde entonces de tres a seis veces por mes.
“Él [Grandez] me daba las órdenes que tenía que hacer esto o llevar papeles a tal persona. Me daba las órdenes y yo por actos de subordinación tenía que hacer caso”, dijo. Por este caso, el ministerio de Defensa implicó a más de una docena de uniformados, contra quienes inició acciones disciplinarias.
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