En la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República han visto con preocupación el impacto de la Ley que protege de la usura a los consumidores financieros —la cual fue aprobada en 2020 y está vigente desde el 2021—que dispone que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) establezca topes a tasas de interés a los créditos de consumo y a mypes otorgados en el sistema formal.
“Si bien la ley por un lado ha regulado un mercado que tenía mucha insatisfacción de los consumidores, por otro, ha limitado posibilidades de acceder al sistema financiero a usuarios que no tienen respaldo económico o que sus ingresos son fluctuantes”, explicó el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Wilson Soto Palacios (AP), autor de dicha iniciativa.
Sin embargo, la solicitud ha traído diversas críticas por parte de un sector de congresistas como el parlamentario José Luna Gálvez (Podemos), quien asegura que de suspenderse dicha ley, las tasas de interés de créditos bancarios, incluidos las tarjetas de crédito y de consumo, se elevarían por encima del 200%.
“La propuesta, planteada con la excusa de reducir los ilegales préstamos ‘gota a gota’, deja en libertad a las entidades financieras para crear comisiones, penalidades y membresías, sin el control de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP”, argumentó el legislador.
“Si esta ley saliera, inmediatamente los 7 millones verán duplicado los intereses, le capitalizarían la deuda diaria y le aplicarían leoninos intereses, debido a que el contrato que se firma al aceptar una tarjeta de crédito indica que los intereses son variables y se ajusta a la ley”, recalcó.
Por su parte, José Arriola Tueros (NA) pidió una sesión conjunta con la Comisión de Economía o que se pronuncie el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el particular. El congresista Jorge Morante Figari (FP) coincidió en la necesidad de una sesión conjunta con la Comisión de Economía.
Recogidas las críticas y opiniones en la última sesión llevada a cabo el viernes 8 de marzo, el congresista Wilson Soto sostuvo que hará la coordinación respectiva con la Comisión de Economía para que el predictamen sea aterrizado con el mejor criterio posible en beneficio de los clientes.
“Para mayor debate, voy a coordinar con el congresista César Revilla para sesionar sobre este tema una sesión conjunta con la Comisión de Economía. Nuestros miembros titulares de esta comisión pueden participar de esta sesión conjunta para este importante predictamen que hemos elaborado”, señaló Soto.
Previamente, enfatizó que las entidades del sistema financiero han establecido parámetros muy exhaustivos para el otorgamiento de un crédito y se ha dejado afuera a pequeños microempresarios y personas naturales que no tienen sueldo fijo.
Por esa razón, se ve con preocupación el aumento de los préstamos informales denominados “Gota a Gota”, cuyos intereses son excesivamente altos y su forma de cobranza ejercida con abuso y violencia, haciendo a los usuarios víctimas de extorsión o asesinato.
Temor ante creación de comisiones bancarias sin control de la SBS
En contraposición, Luna Galvez sostiene que este proyecto, de aprobarse, traerá abajo lo avanzado en la defensa del consumidor y explicó que la finalidad es suspender por cinco años las limitaciones establecidas para el incremento las tasas de interés y la de fiscalizar la creación de nuevas comisiones bancarias.
Recordó que la Ley 31143, contra la usura bancaria, puso topes a las tasas de interés; eliminó membresías, capitalización de intereses y penalidades; redujo la tasa de morosidad, eliminó la comisión Interplaza, puso candado para que los bancos no creen más comisiones y obligó a los bancos de devolver el seguro de desgravamen al cliente al finalizar el crédito.