Premier Gustavo Adrianzén advierte del impacto internacional por inhabilitación a la JNJ, pero considera un “error” interferir

El flamante presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, resaltó el impacto de la inhabilitación por 10 años de Inés Tello y Aldo Vásquez, magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Mencionó que la comunidad internacional advierte que en la región “se ha politizado la justicia y judicializado la política”.

“Yo había hechos llamados anteriores sobre la prudencia e impacto que tiene en la comunidad internacional [la remoción de la JNJ]. Lo vi durante el tiempo que estaba en la OEA”, mencionó en RPP el exembajador del Perú en la Organización de los Estados Americanos.

En seguida, el sucesor de Alberto Otárola explicó que “el tema de la autonomía del sistema de administración de justicia es muy sensible en la región porque todos somos testigos de cómo se ha politizado la justicia y cómo se ha judicializado la política en extremos que resultan intolerables”.

“Lo que se ha pedido es respeto a las autoridades del sistema de administración de justicia. Yo lo único que dije desde un principio es que nadie está exento de control constitucional. Todos, de rey a paje podemos ser objeto de control. Sin embargo, no debe olvidarse que este control debe realizarse en el marco estricto del debido proceso y garantizando el derecho a la defensa”, agregó y sentenció que “estaría mal que el Poder Ejecutivo interfiera en este tipo de decisiones que corresponden a cada poder del Estado”.

Con 67 votos a favor, el mínimo requerido de acuerdo al reglamento parlamentario, el Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitar por 10 años en la función pública a Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia cuestionada por superar los 75 años límite del cargo. Pese a que, en un primer momento, el destino de Aldo Vásquez, vicepresidente de la entidad, era contrario; luego de aprobarse una reconsideración, se optó por también acusarlo.

La decisión adoptada el pasado jueves 7 de marzo fue oficializada al día siguiente en una edición extraordinaria del diario El Peruano. Ambas resoluciones legislativas llevan las firmas del presidente del Congreso, Alejandro Soto y del primer vicepresidente, Arturo Alegría.

Cabe precisar que, si bien ya no formarán parte del organismo, siguen manteniendo su condición de miembros titulares de la JNJ, ya que la sanción no fue destitución, sino inhabilitación. Este caso también ocurre con Zoraida Ávalos, quien mantiene su cargo de fiscal suprema titular, pero no puede ejercerlo por la inhabilitación impuesta arbitrariamente por el Congreso.

Inés Tello y Aldo Vásquez deberán ser reemplazados por los miembros suplentes en estricto orden de mérito. El cuadro de méritos tuvo que ser reordenado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que ordena incorporar al excongresista Marco Tulio Falconí como miembro de la Junta.

Aunque el primer miembro suplente hábil es el doctor Guillermo Thornberry, señalado por Jaime Villanueva como informante de Patricia Benavides. Él ya se ha incorporado a la JNJ en reemplazo de José Ávila, quien renunció tras ser señalado por el exasesor de la exfiscal de la Nación. Los siguientes miembros suplentes hábiles son Abraham Siles Vallejos y Mónica Rosell Medina, quienes deberán prestar juramento ante el cuestionado defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

Una vez en el cargo, los flamantes miembros de la JNJ deberán avocarse a las causas pendientes de resolver en la Junta Nacional de Justicia, como las referidas a la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien busca retomar su cargo; y la ratificación de jueces y fiscales convocados para este año.