Unos reportes de Inteligencia difundidos este viernes en Hildebrandt en sus trece exponen un nuevo caso de corrupción que involucra a la Policía Nacional (PNP) con sobornos solicitados a los capos de la minería ilegal y del contrabando que operan en la frontera de Perú y Ecuador.
La revista citó, en principio, un informe remitido en enero pasado por el coronel José Alfaro, jefe de la oficina regional de Inteligencia de Piura, quien identificó a oficiales y suboficiales destacados en los puestos fronterizos que actúan como engranaje del crimen organizado.
La carpeta fue alcanzada al despacho del general Manuel Farías, jefe de la Región Policial Piura. Según el semanario, que cita fuentes de Inspectoría de la PNP, Farías ordenó al coronel que, para futuras operaciones, informara con anticipación sobre las investigaciones y las comisiones en las que participarían los agentes. Al mes siguiente, lo removió a la Policía Comunitaria.
La decisión, aparentemente deliberada, estuvo relacionada con una documentación de la División de Inteligencia que data de septiembre del 2023 y expone que un gran capo del contrabando y la minería ilegal —Sergio Cayrús Silva— operaría en la frontera piurana bajo la protección de funcionarios públicos.
“Se conoce la existencia de una persona de nacionalidad uruguaya que se dedicaría a actividades de minería ilegal (Cayrús) se viene vinculando a delincuentes nacionales y extranjeros para mantener supremacía de las actividades mineras”, se lee en el documento citado por el semanario.
El reporte apunta también que Cayrús operaría en los distritos de Las Lomas y Tambogrande, así como en las ciudades de Chulucanas, Piura y Lima. Se trata de un nombre ya conocido. En 2018, Cuarto Poder reveló un audio en el que este uruguayo aseguraba que pagó diez mil dólares a un legislador para que lo contactara con el expresidente Alan García, un caso que fue archivado en el Congreso.
“Sergio Cayrús sería un prontuariado delincuente [...] bajo la protección de oficiales superiores PNP, oficiales subalternos PNP, suboficiales PNP, operadores de justicia y políticos”, sigue el informe. Otros tres reportes de noviembre pasado vuelven a mencionarlo junto a otros capos de la minería ilegal en la región norteña.
“Efectivos PNP estarían realizando el cobro de fuertes cantidades de dinero a personas que se dedican al contrabando en la ciudad de Sullana. Muchos efectivos PNP estarían comandados por el capitán Giancarlo Durán Ávila”, alertan esos documentos que también hacen mención a que la Policía de Carreteras “se hace de la vista gorda, previa coordinación de cupos”.
De acuerdo con el reportaje, un agente puede llegar a cobrar hasta 1,500 soles mensuales en sobornos. La débil presencia del Estado agudiza el panorama. Por ejemplo, en el puesto fronterizo del centro poblado de Lancones, definido como “una de las rutas más conocidas para el transporte de contrabando desde Ecuador”, el personal policial “no realiza operativos como controles de identidad o identificación de vehículos, viendo cómo los autos transitan libremente llenos de productos como combustibles, medicamentos, etc.”.
El equipo del coronel Alfaro también informó que encontró abandonado el puesto fronterizo ‘Las Peñitas’. Ser policía en la frontera piurana se ha vuelto tan rentable que hay agentes dispuestos a “comprar” su traslado: de acuerdo con la publicación, al menos cinco integrantes del área de Recursos Humanos de la PNP en Piura realizaron “cambios de colocación” de efectivos tras el pago de “dádivas”.
La tarifa oscila ente los 1,000 y 3,000 soles. Uno de los miembros de esta presunta banda de policías sería el suboficial Jaime Cruz Plascencia, un agente que ha sido vinculado a otra mafia dedicada al robo de vehículos y al cobro de cupos a delincuentes para no ser investigados.
Otro implicado en esta trama es el suboficial Edgar Zapata Estrada, quien habría amenazado de muerte al coronel Alfaro, responsable de haber recopilado toda esta información.
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