Nuevo premier, Gustavo Adrianzén, sobre muertes en protestas contra Dina Boluarte: “La presidenta ha pedido perdón”

El flamante presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró que la voluntad de diálogo por parte del Ejecutivo con las asociaciones de deudos de víctimas en protestas es “absoluta”. Recordó que la mandataria Dina Boluarte pidió perdón en nombre del Estado en su mensaje a la Nación por 28 de julio.

“La voluntad de diálogo es absoluta. La señora presidenta ya expresó su profundo pesar por las lamentables muertes producidas, ha pedido perdón, y en ese ejercicio el Estado no va a cesar. Vamos a continuar: iniciamos una política de reparaciones con los deudos de las víctimas y también con quienes habían resultado gravemente heridos. Estamos en un proceso de atención a la afectación psicológica que le haya podido significar a las familias de los heridos o las víctimas”, declaró Adrianzén en entrevista con RPP Noticias.

Asimismo, el nuevo jefe del gabinete indicó que el Estado peruano ya respondió el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las muertes en protestas antigubernamentales.

Dicho documento concluye que el Estado peruano incurrió en graves violaciones de derechos humanos y, además, plantea una serie de recomendaciones. Al respecto, Gustavo Adrianzén considera que estás han sido implementadas y expresó la disposición del Ejecutivo para “iniciar el mecanismo de seguimiento”, a fin de “empezar a hacer un review de cada una de las recomendaciones contenidas en el informe”.

“En opinión del Estado peruano, muchas de ellas ya las hemos implementado cabalmente. Se pondrá a consideración de la comisión y de los representantes de las víctimas. Y se va haciendo un checking, una por una. Algunos las damos ya por cumplidas, otras están en proceso de ejecución y otras, por complejidad, van a demorar un poco más”, agregó.

Esta posición de Gustavo Adrianzén se aleja por completo de su reacción en la audiencia de la CIDH donde justamente se evaluó el seguimiento de las recomendaciones del informe final sobre las muertes en protestas.

Durante una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el entonces embajador de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gustavo Adrianzén, enfrentó duras críticas. En el evento, una participante lo acusó directamente de mentir sobre la postura del gobierno de Dina Boluarte respecto a las violaciones de derechos humanos en el país.

El intercambio se intensificó cuando Adrianzén advirtió que la delegación peruana podría retirarse si continuaban los reproches, situación que culminó con una respuesta por parte del diplomático que señalaba a los manifestantes como responsables de las muertes en las protestas. La tensión en la sala fue evidente y motivó una llamada al orden y la diplomacia por parte del comisionado de la CIDH, Carlos Bernal Pulido.

La discusión tuvo lugar en el contexto de una evaluación sobre el seguimiento de las recomendaciones del informe final de la CIDH relacionado con las fatalidades ocurridas durante las manifestaciones contra el régimen de Boluarte. Representantes de la sociedad civil y víctimas de las protestas también tuvieron la oportunidad de expresar sus preocupaciones, denunciando la erosión de las instituciones democráticas y el desprecio del gobierno hacia las recomendaciones de la CIDH.

Específicamente, la Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación Pro Derechos Humanos resaltaron la falta de transparencia en la elección de magistrados y la obstrucción de la justicia en casos de muertes de manifestantes.

Se mencionaron casos particulares que ilustran la gravedad de la situación, como el de Nelson Oré Espinoza, herido de bala en Ayacucho, y Dany Quispe Rojas, quien perdió a su hijo en Andahuaylas. Ambos testimonios resaltaron la percepción de impunidad y la demanda de justicia para las víctimas. La intervención de Ketty Marcelo Lopez de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP) enfatizó en la estigmatización de las protestas por parte de voces oficiales.