Contraloría impone inhabilitación de servicio público a 204 funcionarios por faltas administrativas graves

La Contraloría General anunció la inhabilitación de 204 funcionarios y servidores públicos para desempeñar cargos en la función pública por un periodo de hasta cinco años. Esto se debe a la comisión de infracciones administrativas calificadas como graves o muy graves, ya sea por acción deliberada o por falta de diligencia en el ejercicio de sus actividades.

De la cifra completa de individuos impedidos de ocupar cargos en la administración pública, 175 aún están bajo el efecto de la medida restrictiva, mientras que 29 finalizaron el período establecido de su penalización. El registro detallado de estas personas está accesible en la página web oficial de la entidad (AQUÍ), cuya información se renueva con cada cierre mensual.

Entre las faltas que más comunes se destacan el comportamiento parcial en la adjudicación de contratos y en la ejecución de licitaciones y otros procesos administrativos; la búsqueda y obtención de beneficios o ventajas de forma indebida, valiéndose de la autoridad que confiere su posición; así como el incumplimiento deliberado, la negativa o el retraso sin justificación en llevar a cabo las responsabilidades encomendadas en sus funciones.

La sospecha de una conducta administrativamente reprobable, ya sea de naturaleza grave o muy grave, se detectó inicialmente en los informes resultantes de auditorías sucesivas. Posteriormente, este señalamiento se confirmó a través de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), durante el cual se garantizaron los derechos fundamentales del debido proceso, como el derecho a la defensa, el principio de legalidad y el principio de tipicidad.

• El exgerente general de Petroperú recibió una sanción con cuatro años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública debido al uso irregular de vehículos del Estado.
• Dos miembros del comité de selección encargado de la licitación para la construcción del Puente Vehicular Tarata, en San Martín, fueron inhabilitados por cuatro años para ejercer cargos públicos, tras actuar parcialmente en el proceso de selección.
• Al exalcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, en San Martín, se le ha impuesto una sanción de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública. Esto se debe a que procuró un beneficio ilegal a un contratista al ordenar la devolución de garantías de adelanto directo y para materiales indebidamente.
• Tres exfuncionarios de Petroperú enfrentan sanciones de inhabilitación para ejercer la función pública por periodos que varían desde los dos años y siete meses hasta los tres años, ocho meses y un día. Estas medidas se deben a su participación en un esquema que procuraba beneficio indebido a una empresa durante un proceso de adquisición de biodiesel.

Es importante mencionar que, desde el 29 de febrero de 2024, se iniciaron acciones sancionadoras en el ámbito administrativo contra 1180 individuos desempeñando roles en el sector público, señalados por presuntas faltas en informes posteriores al ejercicio de sus funciones.

De confirmarse tales irregularidades, aquellos identificados con faltas muy graves podrían verse privados de ejercer cualquier cargo en la administración pública por periodos de uno a cinco años. Por otro lado, los involucrados en faltas de menor gravedad enfrentarían la suspensión de sus actividades en el sector público desde 60 días hasta alcanzar un año.

Cabe recordar que, hace algunas semanas, hace algunas semanas, la Contraloría General de la República informó sobre las graves pérdidas económicas sufridas por Perú a causa de la corrupción en el año 2023, el cual alcanza la suma de S/24.268 millones. Este monto equivale al 12,7 % del total del presupuesto nacional empleado durante el periodo anterior, según anunció el contralor Nelson Shack durante la divulgación de un estudio sobre Corrupción e Inconducta Funcional, realizado por la Subgerencia del Observatorio Anticorrupción de este organismo.

Dentro del análisis por regiones, Callao se posiciona en primer lugar con una tasa de incidencia de este problema del 17,9%, seguida muy de cerca por Tumbes con un 17,5%. Les siguen Ucayali con un 16,5%, Piura y Áncash, ambas con un 16,2%. En esta lamentable clasificación continúan La Libertad con un 15,2%, Madre de Dios y Huánuco con un 15,0% respectivamente, Loreto con un 14,8% y Apurímac cerrando las diez primeras posiciones con un 14,4%.